La sociedad dominicana deberá, un buen día, pensar en las consecuencias que tiene la falta o la inexistencia de «destino», es decir, de proyecto de Nación. No hemos podido, hasta ahora, ponernos de acuerdo sobre el tipo de país que debemos ser. Por lo tanto, la cuestión ambiental refleja esa dificultad. Primero es ¿qué queremos ser? para determinar, después, cómo lograrlo.

Conservación y desarrollo sostenible implican continuidad en un largo camino sembrado de vicisitudes. Nos debatimos desde el siglo XIX entre concesiones y arrendamientos, capitulaciones y resistencias. El espacio dominicano como secuestrado, por la clase política, se mutila, se valoriza, se desvaloriza, se presta, se vende por parte, como si Pedro Mir no lo hubiera advertido en «Hay un país en el mundo».

Aquí se quiso traer lodo cloacal, se quiso extraer los tocones de la Cordillera Central y en la gestión ambiental actual, se deposita el rockash en Manzanillo y Arroyo Barril, se arrienda el mar, se quiso vender corales y quién sabe más cosas. Una cartera sin filosofía, sin rumbo y como solo Norte: la inserción del país en el modelo prefigurado pero esta vez, con E.I.A.

La costa Sur-Este de la República Dominicana está en peligro de sobreexplotación de su plataforma terrestre (deforestación, urbanización, vialización) y de agotamiento de su hidrología (aguas subterráneas, capa freática). Los hoteles lo saben, que intentan limitar la competencia.

Por lo tanto, la discusión sobre conservación o desarrollo es vieja. Hace algunos años, el país desarrollaba algunas áreas y protegía otras. Esos parques o reservas no eran más que la incapacidad de integrar toda la sociedad al proceso de desarrollo, poblaciones excluidas de la riqueza y territorios preservados, para futuros procesos de especulación y apropiación y de nuevas formas de exclusión de la población. El espacio dominicano es espacio de tensión, de exclusión y de formas de apropiación despiadadas.

En 1976, se declaró el Este, Parque Nacional, al lado del Central Romana y de Casa de Campo, otras formas de reservas territoriales. En 1986, cuando Selva Negra, nos referimos a la política implementada como una sacralización de la naturaleza, para definir una acción que pretendía proteger los bosques y por lo tanto desalojaban a los campesinos sin tierra de esos lugares, sin buscarles alternativas de sobrevivencia.

Acorde con esa concepción ideológica en relación con la naturaleza y la sociedad, un sector del movimiento ambiental recomendó la constitución de más parques y áreas protegidas, para «conservar los ecosistemas» sin gente. ¿Y quién la protege aquí? Muchas deben ser las interrogantes, conservar, sí, pero desarrollar también, porque no podemos olvidar que las naciones desarrolladas que recomiendan la conservación de determinadas áreas (Amazona es la más emblemática), desarrollaron sus recursos naturales, sin pedir consejos, ni sometiendo a votación, sus políticas, el New Deal, fue totalmente anti ecológico, pero Roosevelt no pasó por ninguna cumbre ni cónclave para hacer lo que la Nación le exigía en ese momento. Esas naciones tienen además espacios de más, cifras de bienestar envidiables, porque no podemos ponernos de acuerdo, sobre una cantidad mínima de espacios a conservar y una cantidad máxima a desarrollar con cautela, ética y sentimiento de solidaridad para las futuras generaciones.

En planificación territorial, declarar un espacio Area Protegida es identificar y proteger bajo diversas medidas un territorio y excluirlo del mercado inmobiliario para revalorizar todos sus componentes: la tierra, su fauna, su flora y sus potencialidades, sobre todo con políticas que financian o la nación o las donaciones internacionales. Qué se hace cuando se declara una zona Area Protegida:

1. Se interfiere en la propiedad inmobiliaria, por lo tanto en la formación de la renta y se impide su apropiación final. En otras palabras, se obstaculiza o se regula un momento determinado y en un espacio delimitado, la formación de la renta pero creando las condiciones para una optimización segura y futura. La ley que regula, se hace para desregular cuando sea necesario.

2. Qué lógica sustenta la conservación: es la escogencia de un espacio que se valoriza por sus condiciones excepcionales (fauna, flora, localización, tamaño, agua y mar) que se aisla del proceso de desarrollo económico. Esto conlleva a que ocurran, en contra parte, procesos de exclusión y de empobrecimiento y proceso de enriquecimiento excepcional:

1. Porque excluye a los habitantes, limita y condiciona sus actividades, a favor de ecosistemas y algunas especies. Lo eran antes o lo son después, no importa, el resultado es la marginalización de esas poblaciones, al margen de un espacio, que si, recibe, planes de manejo, observadores, recursos financieros internacionales y permite a algunos conservacionistas, vivir del área protegida, por décadas. El área se convierte en santuario de la naturaleza y en el de la población circundante. No hay excepción a la regla.

2. Como esas zonas, son en general, costeras y visto el destino de nuestra isla, en el mercado del turismo internacional (playas, sol, palmeras y mar) la industria turística ve esos lugares como ideales para su localización e incorporarlo al paquete que ofertan (facilidades, servicios, atractivos naturales, precios): el resultado es que esas tierras «congeladas» van tomando más valor cada día y son codiciadas cada vez más, porque el «lugar» es virgen, preservado y en otros casos, porque se «cargó» de servicios e infraestructuras que no hay que construir: aeropuertos, carreteras, autopistas, personal, etc.

El resultado es que declarar en nuestro país, un espacio «área protegida» o «Parque» se ha convertido en un instrumento de regulación de privilegios, que se disputan algunos sectores de la sociedad dominicana y que controlan, los legisladores según sus intereses particulares. La Iglesia interviniendo en ese debate permitió una desregulación que favorece la especulación y la corrupción si no se acompañan de políticas transparentes de las transacciones que ahora se van a desencadenar y que no obligatoriamente integran a las poblaciones en los futuros procesos de desarrollo.

Es después la declaración del Parque del Este, que la mayoría de las cadenas hoteleras se han instalado en esa zona orientando las inversiones de la Nación en infraestructuras incluso haciendo que la Secretaría de Medio Ambiente, les acondicione una Cueva, la de la Maravillas, para que les vaya mejor en sus negocios. Hoy es la Secretaría de Cultura que ayuda a la integración de lo cultural en los proyectos hoteleros privados, es la misma lógica.

Lo que hacen hoy, los diputados y senadores, reduciendo áreas de parques o de áreas protegidas, no es más que permitir a otros empresarios aprovecharse de las ventajas socio-ambientales que ofrece República Dominicana y percibir seguramente parte de las rentas inmobiliarias que han creado las condiciones de restricción al mercado inmobiliario, de tierras que recibieron durante años, recursos de la Nación.

A nadie le importa las condiciones de vida, de las poblaciones de San Rafael de Yuma, de Boca de Yuma o en la costa opuesta, Juancho y Oviedo. Lo que ocurrió con el pequeño pueblo de pescadores de Bayahíbe es premonitorio.