La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) denunció  que transnacional Isla Dominicana de Petróleo   viola la Ley 407-72 al operar directamente estaciones de servicio, el apropiarse del transporte de combustible, y  contratar mano de obra extranjera ilegal y por encima de lo que establecen las leyes dominicanas y contra las propias leyes norteamericanas.

La entidad acusa a Isla de  propiciar un trabajo agrícola “con todas las características  de un régimen feudal y de violar  la propiedad privada e impedir a los legítimos dueños de las estaciones de los Cruces de Las Charcas, Estebanía y Peralta operar sus estaciones de servicio.

Argumenta que los propietarios de esas estaciones no tienen deuda con Isla y sus contratos, en dos de los casos, ya terminaron.

Sin embargo, dice que  Isla quiere hacerlos continuar bajo la manipulación de “nuestras autoridades”.

Según señaló, la empresa Isla recibe ayuda de las autoridades  de Azua, “no sabemos los motivados por los que sirven a esa empresa, violentando todo el ordenamiento de nuestra Constitución y leyes vigentes”. Anadegas pidió intervenir en la situación  al presidente de la Suprema Corte de Justicia,  Jorge Subero Isa, al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al ministro de Trabajo, Max Puig; al director de Migración, José Ricardo Tavera; al ministro  de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, y a la Dirección General de Impuestos Internos.