Hoy 
POR AMARILIS CASTRO
El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) planteó la necesidad de hacer valer el uso de los comprobantes fiscales en todas las transacciones comerciales realizadas por el sector detallista de gasolina ante sus clientes.
Juan Ignacio Espaillat definió como preocupante que se esté desarrollando una corriente de quienes se resisten al uso de comprobantes fiscales.
No obstante, sostuvo que el consejo directivo y Anadegas como institución tienen el convencimiento pleno que dicho documento es un instrumento que contribuirá al reordenamiento del comercio en la República Dominicana.
“Los comprobantes fiscales también favorecerán la estabilidad financiera del gobierno porque las evasiones fiscales o manejos indecorosos a los cuales esta sociedad ha estado esclavizada podrán corregirse y dársele el seguimiento necesario en bien de que el país tenga un nuevo rumbo para las generaciones futuras”, dijo Espaillat.
Reiteró su apoyo al uso de los comprobantes fiscales e hizo un llamado a todos los miembros y socios de Anadegas y de forma solidaria a todos los detallistas de gasolina que no forman parte de la institución a que asuman con firmeza el nuevo documento, ya que el mismo es una garantía de estabilidad para el mercado de la gasolina y para la sociedad dominicana.
Recordó que Anadegas impartió varios cursos a sus miembros en diferentes puntos de la geografía nacional con el auspicio y apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Dijo que los técnicos de la DGII estuvieron orientando a los detallistas de gasolina sobre el manejo del nuevo documento (comprobante fiscal).
En otro orden, el presidente de Anadegas solicitó al nuevo embajador de los Estados Unidos, Robert Fannin, que fije su posición respecto a la ubicación de una estación de combustible Texaco que opera en las cercanías del Consulado americano y que según lo explicado en una carta dirigida al diplomático, mediante la sentencia 126-2006, de fecha 15 de septiembre del pasado año, dictada por el Tribunal Liquidador del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, se ordenó su clausura por la violación de la Ley 317-72 por estar ubicada en un lugar de mucha concurrencia.
