Hoy 
POR SORANGE BATISTA
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) depositó ayer en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 677-07, que dispone un subsidio temporal de 31.79 pesos por cada galón de gasoil utilizado en vehículos de transporte de pasajeros y de carga de alimentos y materiales de construcción.
El recurso fue depositado en secretaría de la Suprema por el presidente de ANADEGAS, Juan Ignacio Espaillat.
Espaillat estaba acompañado de su abogado, Robert Valdez, y varios miembros de la directiva de ANADEGAS.
En el documento explican que con el decreto el Poder Ejecutivo viola los artículos 8.5, 37.1, 45, 46, 47 y 100 de la Carta Magna e igualmente la Ley 112-00 de Hidrocarburos y la Ley 557-05 sobre Ratificación Tributaria.
Alegan además que dicho decreto contradice en todas sus partes los principios de legalidad tributaria, de igualdad y de la obligatoriedad establecido en la Constitución de la República.
Espaillat dijo que el gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Hacienda ha concedido 83 licencias de manera silenciosa en violación a la ley «y está situación es la que nosotros ante este decreto estamos procediendo con una acción de inconstitucionalidad».
Declaró además que las demás licencias otorgadas son ilegales y de esta forma se perjudica el sector detallista de combustibles y al consumidor, ya que, a su juicio, se está destruyendo un sector que opera amparado en las leyes dominicanas.
Espaillat afirmó que en ese decreto hay un gran espacio de corrupción porque se están generando beneficios particulares, no solo con ese decreto, sino con todas las licencias de combustibles exonerados, así como con las licencias para revendedores a domicilio.
