El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) pidió ayer a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) que deje sin efecto el llamado a paro regional en la venta de combustibles y canalice sus denuncias acompañadas de pruebas, pues de lo contrario podrían ser sancionados.
En un comunicado entregado a la prensa, el MICM advierte que el de los combustibles es un mercado regulado y quien intente provocar daños y alterar el orden, debe saber que se enfrentará a las consecuencias legales, administrativas y penales que conllevan.
Entre las consecuencias señala el derecho del MICM “a suspender o revocar las licencias o títulos habilitantes de los detallistas que, en clara violación de la ley y el orden, provoquen, participen o contribuyan al desabastecimiento de combustibles en sus respectivas zonas”.
Advierte, además, que quienes participen en acciones destinadas a desabastecer el mercado de combustibles, podrían tener que enfrentarse a las acciones civiles y penales que puedan derivarse contra las empresas detallistas y sus directivos, por ocasionar daños a terceros y atentar contra el orden nacional a través de sus acciones”.
Comunica a todas las estaciones de expendio de combustibles y a la población en general que tomará “todas las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, si la Anadegas persiste en su pretensión de suspender la venta y provocar también trastornos en el desenvolvimiento de las actividades productivas y económicas del país”.
Recordó que conforme a la Ley 37-17, el MICM es el órgano rector y encargado de la comercialización, control y abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles.
Asimismo, se reconoce como una de sus facultades la de establecer las políticas destinadas a garantizar el suministro de combustibles a nivel nacional y la seguridad de las instalaciones y facilidades para su importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización al por mayor y al detalle.
Emplazó a Anadegas a suspender su amenaza de paro y retomar las vías adecuadas para la presentación de denuncias, “aportando las pruebas correspondientes, como bien ha sido requerido por esta institución en reiteradas ocasiones”.