La República Dominicana presenta avances muy significativos en la gestión de riesgos ante desastres naturales en la planificación al desarrollo, y esto hace que ya esté preparada para arrancar con las ejecutorias de incorporación del análisis de riesgos en los proyectos de inversión pública que se ejecutan desde las instituciones públicas, autónomas, descentralizadas y ONGs con los recursos del Estado Dominicano.

Los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección Nacional de Presupuesto asumen los planes de inversión pública, las evaluaciones socioeconómicas y los desembolsos para la ejecución física de los proyectos que implementan estas instituciones.

Lo que indica que este es el punto de partida institucional, técnico, administrativo, normativo y de financiación para despegar con esta ejecutoria, además de que el MEPyD y las demás instancias que trabajan la gestión de riesgos en el país, tienen todas las informaciones necesarias para asumir los compromisos y responsabilidades de esta iniciativa, que busca maximizar los recursos del Presupuesto Nacional.

La preocupación obedece a que más de 1,700 proyectos de capital fijo (escuelas, hospitales, puentes, etc.) y humano (capacitación, alimentos, etc.) que se ejecutan desde el año 2012 por un monto estimado en unos RD$ 80,000 millones, un 19 % del Presupuesto Nacional que fue de unos RD$ 430,000 mil millones aproximadamente para ese periodo.

Parte de estos recursos proviene de la contribución fiscal, deuda interna y externa; y son implementados por las instituciones públicas, autónomas, descentralizadas y ONGs.

Dado el volumen de recursos económicos, humanos, la cantidad de proyectos en proceso y por ejecutar, las dificultades en entender las variables de gestión de riesgos y que el país se encuentra en la ruta de los fenómenos hidrometeorológicos que provocan pérdidas humanas y económicas, mueve a reflexionar sobre la deficiencia que tiene el país para minimizar y estimar las pérdidas económicas ante la ocurrencia de fenómenos naturales, porque carece de esfuerzo y dinámica institucional  para incorporar el análisis de riesgos (amenaza, riesgo y vulnerabilidad) en los proyectos de inversión pública actuales y futuros.

Estamos conscientes que de no utilizarse esta herramienta por parte de los planificadores en la toma de decisiones al ejecutarlos planes, programas y proyectos, y si no se logra aplicar un plan diferenciado de capacitación del personal que trabaja en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública sobre las variables e instrumentos para el análisis de riesgos, y de no mejorar significativamente la coordinación interinstitucional y los flujos de informaciones técnicas que se requieren para aplicar esta metodología en los proyectos de inversión pública, será muy difícil, por no decir imposible, que se logre reducir las pérdidas económicas en infraestructura física, los costos directos en atender la emergencia y la degradación de los activos del Estado Dominicano.

Como puntos críticos dejamos estas interrogantes:

¿Qué dicen  las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) sobre proyectos y gestión de riesgos?

¿Qué estudio de análisis de riesgos se necesitan para impulsar el análisis de riesgos (amenazas, riesgos y vulnerabilidades) en las etapas de preinversión, inversión y operación de proyectos?

¿Qué dice la Ley 147-02 degestión de riesgos y la Ley 498-06 de planificación e inversión pública, sobre elAnálisis de Riesgos y los proyectos de inversión pública?

¿Existen normas técnicas y mecanismos legales para incorporar la inclusión del análisis de Riesgos en los proyectos de Inversión Pública?

¿Incluye el Plan Plurianual las medidas de mitigación?

¿Se requiere de un rediseño en la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública?

¿Puede la Ley 498-06 exigir que se cumpla con carácter de obligatoriedad este mandato?

Tenemos que pasar del reflujo a la consolidación de acciones y estamos conscientes que lo que está en juego no es la viabilidad de implementación de esta preocupación, sino el momento en que se empiece a ejecutar para beneficio del Estado en particular y del país en sentido general.