A lo largo del siglo XX, la sociedad dominicana evolucionó desde una economía agropecuaria hasta una economía industrial y exportadora de servicios. ¿Cuál ha sido el impacto de esa metamorfosis sobre la distribución de la riqueza y del ingreso entre los dominicanos? ¿Es nuestra estructura social más o menos igualitaria que 100 años atrás? Este artículo analiza las tendencias distributivas en tres momentos clave de nuestro pasado reciente, y discute los cambios necesarios para lograr un  país más justo en el siglo XXI.

 Azúcar y latifundios.  Las tres primeras décadas del siglo pasado se caracterizaron por la expansión de la industria azucarera y el surgimiento de grandes latifundios cañeros.  Ese proceso fue  impulsado por una serie de leyes que permitieron la compra (o, en muchos casos, apropiación) de grandes extensiones de tierra que hasta entonces habían sido terrenos comuneros. La conversión de los antiguos productores independientes en mano de obra asalariada, junto a la importación de obreros haitianos y caribeños, permitió mantener los salarios al nivel de subsistencia. De hecho, en un artículo de 1915, José Ramón López argumentó convincentemente que el salario de los ingenios estaba por debajo del gasto necesario para mantener una familia, y un estudio posterior de Franc Báez Evertsz encontró que el jornal diario en  1925 era menos de la mitad del que se había alcanzado en 1893. En suma, el inicio de siglo pasado fue una etapa de creciente concentración de la riqueza y, casi seguramente,  del ingreso.

Clase media, crecimiento y dictadura.  El régimen de Trujillo, instaurado en 1930, impulsó varios brotes de industrialización y expandió la burocracia estatal. Por esa vía, hizo crecer los estratos medios y puede haber tendido un puente entre los descamisados y la elite económica. Por otro lado, la dictadura prohijó una nueva ola de  apropiación de terrenos rurales y, en 1950, cerca de un tercio de la tierra cultivable estaba concentrada en 341 fincas con más de 8,000 tareas cada una. En ausencia de indicadores cuantitativos, esas tendencias contradictorias hacen impiden  determinar rigurosamente si la concentración del ingreso aumentó o disminuyó en los primeros 20 años de la Era del Terror. Sin embargo, estudios de la antigua Oficina Nacional de Planificación presentan evidencias de una desigualdad creciente en los últimos años del régimen, a medida que se apelaba a la concentración de ingresos como mecanismo para la generación de ahorro e inversión. La política fiscal tenía una prioridad bien distinta a la protección de los pobres: entre 1955 y 1960, el gasto en defensa sobrepasó en más de 50% al gasto social. 

El vaivén de la democracia.  Tras la caída de la dictadura, la distribución empezó a moverse de forma tambaleante, y breves períodos de mejoras distributivas se han alternado con largas tendencias regresivas. La primera mitad de los sesenta fue un período de mejora, cuando modestos aumentos salariales se combinaron con mayores inversiones públicas en áreas sociales. Infelizmente, el intento por responder a las demandas acumuladas acabó por alimentar las tensiones políticas que desembocaron en la guerra civil. Los  primeros años de postguerra fueron una vuelta a la concentración. A mediados de los años setenta, el 6 por ciento más rico de la población absorbía 43 por ciento de los ingresos, mientras el 50 por ciento más pobre recibía alrededor de 12 por ciento.

 A partir de entonces, la medición de la desigualdad se facilita por la disponibilidad  de índices concretos. Tales índices muestran que la desigualdad de los  ingresos se redujo levemente durante los setenta, aumentó bruscamente en la crisis económica de los años ochenta, probablemente continuó creciendo a lo largo de los noventa y se estabilizó en un nivel alto a partir de 2000. Por tanto, el crecimiento económico desde los años noventa no ha mejorado la distribución, pues  sólo un bajo porcentaje de los hogares experimentó un aumento significativo de sus rentas reales.

Un consejo de Aristóteles.  La mayor fuente de desigualdad proviene de las brechas en los ingresos laborales, que, a su vez,  reflejan las diferencias en los niveles educativos. La desigualdad tiene también un componente cultural: el salario promedio de las trabajadoras es 16 por ciento menor que el salario promedio de los hombres, aunque poseen un nivel de escolaridad más alto que el de ellos. Asimismo, la concentración de la actividad económica y del gasto público en sólo algunas provincias es, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad.

Esas condiciones sólo podrán ser removidas mediante políticas deliberadas. La garantía de acceso de toda la población al sistema educativo de calidad, la regulación efectiva del mercado laboral, la aplicación de una estrategia que contemple la cohesión territorial y una política  fiscal que incentive eficiencia a la vez que promueva equidad son condiciones mínimas para lograr una sociedad más equitativa. La tarea es urgente, pues, como ya nos advirtió Aristóteles, “donde unos tienen en exceso y otros tienen nada, aparece una democracia radical, o una oligarquía pura o una tiranía”.