SANTIAGO (AFP).- La justicia chilena inició este jueves el estudio de un nuevo pedido de desafuero contra el ex dictador Augusto Pinochet por su responsabilidad en la «Operación Cóndor», que coordinó a las dictaduras sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores.

Aunque renunció a su cargo vitalicio en el Senado, Pinochet está protegido por un fuero especial que le otorgó el Congreso después de reconocer su calidad de ex presidente (1973-1990).

El pedido de desafuero entró este jueves en la agenda de la Corte de Apelaciones de Santiago, después de ser acogido inicialmente por el juez Juan Guzmán Tapia, el mismo que en 2001 puso bajo arresto domiciliario a Pinochet durante seis semanas.

Antes de escuchar los alegatos de los abogados, los jueces de la Corte rechazaron una petición de la defensa del ex dictador para no dar curso al desafuero, argumentando «cosa juzgada».

«El ministro Guzmán debió haber aplicado los artículos 107 y 109 del Código de Procedimiento Penal y no haber dado curso a esta petición de desafuero», dijo el abogado defensor Ambrosio Rodríguez.

Tras conocer los argumentos de la defensa y de los abogados que impulsan la acusación, la Corte suspendió esta primera audiencia para reanudar sus sesiones este viernes.

Pinochet, de 88 años, enfrentó en el pasado tres pedidos de desafuero que buscaban juzgarlo por algunos de los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen.

Pero en sólo uno de esos tres procesos el ex dictador perdió su inmunidad: fue por el caso de la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que un mes después de instalada la dictadura, en octubre de 1973, ejecutó a 75 presos políticos sin entregar sus cadáveres a sus familiares.

El juez Guzmán Tapia procesó a Pinochet como encubridor de los asesinatos y secuestros atribuidos a la «caravana», que recorrió el país por orden suya, pero en julio de 2002 la Corte Suprema lo liberó de cargos al considerar que «signos de demencia» le impedían defenderse ante los tribunales.

Ese mismo argumento fue utilizado por los tribunales para rechazar las otras dos peticiones de desafuero, por el caso de «Calle Conferencia» -que culminó con el secuestro y desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976-, y el asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974.

En el caso de la «Operación Cóndor», los abogados acusadores pidieron a la Corte que ordene nuevos exámenes médicos al ex dictador, en un intento por demostrar que no padece demencia.

El abogado Eduardo Contreras dijo que existen pruebas que confirman que Pinochet está en condiciones mentales de enfrentar un proceso judicial, como por ejemplo la entrevista que concedió en septiembre a un canal de televisión de Miami.

En esa intervención, según recordó el jurista, Pinochet «muestra una memoria y una capacidad intelectual muy por sobre la media para un hombre de su edad».

«Por lo tanto, estamos convencidos de que no hay locura ni demencia», agregó.

La «Operación Cóndor» fue el plan de coordinación que aplicaron los servicios secretos de los regímenes militares sudamericanos para el exterminio de izquierdistas en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la década de los 70.

Los alcances de este plan también son investigados por el juez español Baltasar Garzón y el magistrado argentino Rodolfo Canicoba.

En Chile la investigación se inició en 1998, por la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos desde 1973 en adelante.