POR LUIS M. CÁRDENAS
Tres especialistas analizaron anoche los procesos electorales en América Latina y plantearon la necesidad de sostener la lucha contra la corrupción, mejorar los servicios básicos y ampliar el período de duración de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

Los catedráticos universitarios Rosario Espinal, Jonathan Hartlyn y Guillermo O’Donnell, en un seminario sobre los procesos Democráticos en América Latina, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se refirieron a los desafíos de la democracia.

L Espinal dijo que en los primeros nueve meses del gobierno es claro el retorno de la confianza económica, pero quedan pendientes todos los grandes problemas, la reforma institucional y económica.

Manifestó que el primer reto del gobierno es institucionalizar y tomar medidas para reducir la corrupción pública y la ineficiencia administrativa.

Entiende que se requiere modificar el estilo de hacer política, porque para sanear el Estado no es suficiente nombrar funcionarios honestos. 

Destacó que el segundo reto que enfrenta el gobierno es consolidar la estabilidad macroeconómica, crear empleos y aumentar el salario.

Espinal dijo que con los salarios deprimidos bajo la supuesta competitividad el país nunca dejará de ser pobre ni dejará de ser un país que expulsa a un segmento grande de su población a buscar mejores condiciones de vida.

Planteó la necesidad de que sean mejorados los servicios básicos de la población, entre estos la electricidad, la salud, educación y transporte.

Dijo que el gobierno se agota en ciclos de endeudamiento interno y externo para lo cual recurre a los contribuyentes una vez tiene que pagar sus préstamos y buscar otros.

Manifestó que el dinero que el gobierno adquiere de los contribuyentes y de los préstamos tiende a malgastarlo permitiendo el enriquecimiento ilícito de altos y medianos funcionarios y en el clientelismo.

Dijo que se imponen cambios drásticos y que en este momento muchos pueden aprovechar el poder para hacer más de lo mismo, promoviendo el enriquecimiento ilícito de pequeños grupos económicos y políticos, o en cambio enfrentar con determinación y seriedad los problemas institucionales y sociales fomentando un verdadero cambio político.

Mientras que Hartlyn, al tratar sobre la democratización política en la República Dominicana, tensiones y desafíos, planteó establecer períodos más largos para los jueces de la JCE y que en su selección participen más sectores.

Entiende que es necesaria una reforma que permita que los jueces sean escogidos por más sectores sin que haya una influencia decisiva de un partido político.

De igual modo, destacó la debilidad de las organizaciones de la ciudad civil, la que a su entender está fraccionada e influenciada por los partidos políticos.

Consideró que el Estado es incapaz de desempeñar programas sociales, y que la situación de desigualdad podría amenazar la democracia electoral.

Sin embargo, consideró que Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez jugaron su papel en la democratización.

El clientelismo y la corrupción han limitado la capacidad estatal para aplicar programas sociales y justicia retributiva.