Hoy 
Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía.
Las autoridades analizan junto al sector de seguridad privada la posible derogación del decreto 309-06 que desde 2006 prohíbe la importación de armas de fuego, por considerar que ha dado lugar a la proliferación de armamentos de distintos calibres de manera ilegal en el país, procedente sobre todo de Estados Unidos y Haití.
Durante un taller sobre el tema, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, expresó su preocupación por la penetración de armas ilegales, por lo que saludó la iniciativa del Gobierno orientada a establecer un mayor control.
Explicó que la idea es poder escuchar a los más amplios sectores, sobre todo, los relacionados al servicio de seguridad privada que han sido los más afectados por el decreto 309-06 y conocer de sus inquietudes.
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Consideró preocupante el tráfico de armas ilegales, porque con todas las que ha recuperado el Ministerio de Interior y Policía, todavía hay muchas en las calles utilizadas para delinquir, por lo que entiende que urge establecer mayores controles.
En tanto, el comisionado para reforma policial, José (Pepe) Vila, informó que ha tenido reuniones con las autoridades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y con los representantes de las empresas que brindan este servicio para tratar la importación de armas.
Afirmó que está consciente de que la prohibición ha traído como consecuencia el auge del mercado negro, lo que convierte al país en uno de los más desregularizados del continente, con todo lo que implica para la seguridad nacional y la civil.
“El sector de armas es uno de los pilares de la seguridad nacional, por lo que no se trata de simplemente abrir el mercado, sino de hacerlo bien y regular la importación con la calidad requerida”, apuntó.
Opinó que la seguridad privada en el país necesita revitalizarse para que pueda convertirse en los ojos de la Policía Nacional en los centros comerciales, en los bancos, en los condominios, en todos los lugares donde el cuerpo del orden por la falta de recursos humanos no puede estar.
Seguridad Privada
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, general Francisco Miguel Corominas Sánchez, quien tuvo a su cargo la ponencia principal en el acto de apertura del taller, señaló que en el país hay alrededor de 500 empresas reguladas, pero que operan otras 900 que no están han formalizadas.
“Estas empresas de vigilancia hacen valiosos aportes a la nación, pero es necesario regularlas, supervisarlas y auditarlas para un mejor funcionamiento de sus operaciones”, indicó.
Manifestó que la prohibición de la importación ha provocado que las empresas de seguridad privada laboren con déficits de armas de fuego, en un mercado que cada vez resulta más costoso.
Dijo que una encuesta sobre el impacto del decreto 309-06 arrojó que el 70% de los entrevistados favorece su modificación, mientras que un 30 por ciento prefiere que sea derogado.
En la actividad estuvieron también el viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, Aníbal Amparo; el mayor general Carlos Manuel Febrillet Rodríguez, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil, y el viceministro de Coordinación de Seguridad de la Presidencia, José Rivera, entre otros funcionarios.
