El jurista, Ángel Lockward, negó que haya dado ningún tipo de declaraciones el pasado viernes, luego de su salida del Tribunal Superior Administrativo en donde se conoce la demanda de nulidad en contra del borrador de Informe preparado por auditores de la Contraloría sobre el pago de expropiaciones, por lo que está asombrado de las declaraciones que salieron en diferentes medios medios de comunicación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“He visto con asombro las declaraciones del PEPCA que recoge una parte de la prensa este sábado sobre la demanda en nulidad que conoce el Tribunal Superior Administrativo en contra del borrador de Informe preparado por auditores de la Contraloría sobre el pago de expropiaciones, debido a que por respeto a los jueces no dí declaraciones al salir de la audiencia el viernes, pero, siendo pública, todos los abogados y jueces presentes escucharon que la solicitud del PEPCA de que se sobreseyó el conocimiento de la misma, fue rechazada por el tribunal mediante sentencia número 0030-03-2022-TSEN 00029 del fecha 16 de diciembre del 2022, es decir, el tribunal entendió que debía conocerse el recurso y el PEPCA no tenía razón en derecho”, expresó Lockward, a través de un comunicado de prensa.

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Explicó que al decidir rechazar el sobreseimiento, tras ocho audiencias en que el Pepca y Contraloría, siempre solicitan aplazamiento, para que el proceso nunca se conozca, estableció su competencia constitucional, en consecuencia, decir al país, a través de la prensa que desea llevar lo penal a lo administrativo, es una falacia, porque es al revés han querido con documentos administrativos cuya falsedad se conoce montar un expediente penal, a sabiendas y, eso si que es grave.

Destacó que “escuchó el público presente que, en su escrito de defensa, el Pepca, solicitó al tribunal que se rechace la demanda porque el Informe es de mero trámite, tal y como han sostenido los autores, la contraloría y la Procuraduría General Administrativa: Entonces, cómo es que con un borrador se han solicitado ocho medidas a la Jueza Coordinadora de Instrucción a lo largo de más de un año en contra de más de 200 personas que ni siquiera saben que les están investigando.

“Eso, a una Jueza tan digna como doña Miriam German, debe estarla llenando de vergüenza”, subrayó el jurista.

Aseguró que todo dominicano sabe, sin ser abogado, que los actos administrativos se atacan en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 165 de la Constitución y a las leyes 1494, 13-07 y 107-13, así como también sabe, que con un borrador no se debe ir a donde ningún Juez a buscar órdenes en contra de los ciudadanos, diciéndole – falsamente- que se trata de un acto administrativo – definitivo- eso es un fraude procesal que ni en Haití se comete.

Lamentó que la República está de cabeza, tras cuestionar que se ha permitido que el Estado de derecho se haya subvertido y, el terror judicial no deje dormir a las personas, todo, basado en auditorías falsas de su Administración mandadas a hacer para persecución, lo que ha destruido el clima de convivencia política que requiere nuestro país.