POR GERMAN MARTE
El que culmina ha sido un año más de inconvenientes para la clase obrera dominicana, con despidos masivos en zonas francas, desconocimiento de la libertad sindical y carestía de la comida y los servicios básicos.

De acuerdo con el presidente de la Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, durante el 2005 los trabajadores recibieron un impacto significativo a nivel de la inflación, pues independientemente de que se estabilizó la prima del dólar y de que retornara la confianza, la inflación se controló pero con precios altos.

Esto hace que el país siga siendo un de los más caros de la región, «tenemos un país donde la comida es altamente costosa». Y los servicios de comunicación, electricidad y agua potable son caros y deficientes.

SOLO LA MACROECONOMIA

Para el dirigente sindical, durante el año que casi termina fue frustratorio ver que las autoridades sólo se preocuparan por el éxito de la macroeconomía, «eso reedita un pensamiento que tuvo el gobierno anterior del doctor Leonel Fernández: se quedó mucho en los loas que le hacía los organismos internacionales sobre la base del crecimiento económico y la estabilidad de la macroeconomía, pero sin tener en cuenta que paralelamente a la economía crecía la pobreza».

Recordó que a consecuencia de la crisis que hubo en el 2003 un millón trescientos mil dominicanos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Entretanto, no se ve cuáles medidas está tomando el gobierno para disminuir la pobreza, y hacer que la juventud que llega a la edad de trabajar consiga empleos decentes y estables.

Sólo se ve, según Pepe Abreu, la complacencia del gobierno por los piropos de los organismos internacionales que viven hablando de la estabilidad de la macroeconomía, «porque el gobierno les paga (la deuda)».

Más de la mitad del presupuesto de la nación se va en el pago de la deuda externa, subrayó Abreu, y los organismos están conforme con eso, independientemente de lo que esté pasando a nivel general. En ese esfuerzo por pagar una pesada deuda externa, el gobierno deja de invertir en salud, educación y servicios.

Se trata de una política «criminal» para el trabajador, para el asalariado, consideró.

«Por eso no se puede hablar de éxito referido a cómo los trabajadores perciben la economía», manifestó Abreu.

Entretanto, añadió, la percepción de la gente es que la comida sigue cara, falta de circulante y falta de inversión en salud, educación y las demás necesidades de la población.

LIBERTAD SINDICAL

En lo relativo a la libertad sindical, durante el 2005 los patronos dominicanos continuaron su política de violación a las leyes y de negación a la libertad sindical, según Abreu.

«Los patronos siguieron parados en su actitud anti sindical. Los despidos de trabajadores que intentaron formar sindicatos en sus empresas se sucedieron uno a otro».

Durante el período, la justicia laboral se mostró eficiente frente a los casos de reclamos individuales, pero no nivel colectivo. Por lo general, explicó, cuando a un juez se le presenta el caso de un trabajador que le han violado sus derechos a nivel del pago de prestaciones o de salario mínimo, termina dándole la razón, lo cual es importante.

Pero cuando se trata de conflictos colectivos, sindicales, frente a una empresa que asume una actitud antisindical y cancela a los trabajadores, la justicia laboral actúa de otro modo, y tiende a desconocer lo que establece la ley en cuanto a restaurar a los trabajadores a sus puestos cuando son cancelados por violación a la ley sindical.

Como ejemplo, Abreu citó los casos de dos empresas de la zona franca de Bonao, donde los trabajadores intentaron formar sindicatos y de inmediato fueron cancelados. También mencionó el caso de la empresa de capital brasileño que construye la presa Pinalito la cual tan pronto se le comunicó un sindicato canceló al comité gestor, «y eso que en Brasil quien dirige es un sindicalista, (Inacio) Lula».

Lo mismo pasó con la zona franca de Los Alcarrizos donde los trabajadores que intentaron formar un sindicato fueron cesanteados de inmediato.

En suma, precisó el presidente de la CNUS, si se han intentado organizar diez sindicatos en el 2005, alrededor de ocho de los comités gestores están en la calle, porque lo han cancelado. Esto quiere decir, según Abreu, que la libertad sindical se sigue deteniendo en la puerta de las empresas.

Lamentó que en el país sólo se trate el tema sindical cuando se trata de difamar a los sindicalistas por la forma que se comportan, a los transportistas por las cosas que hacen.

Sin embargo, lo relativo a la libertad sindical no se discute en ningún foro de la alta sociedad. Nadie quiere asumir que esa parte de la democracia no se cumple, aunque si se cumple la parte de la libertad política, de los partidos, pero el derecho a la sindicalización no.

Eso, según su opinión, explica en parte la debilidad del movimiento sindical en República Dominicana, pues apenas el 12% de los trabajadores está organizado en sindicatos, lo cual contrasta con países desarrollados donde la organización de hasta 90% de los empleados.

DEMOCRATAS HACIA AFUERA

Afirmó que en el país hay empresarios muy «democráticos» que hablan de democracia, de estabilidad, «pero cuando tú te adentras a ver cómo trata a sus empleados, esa actitud democrática que exhiben y esa actitud hacia la libertad que exhiben cuando se examina resulta frustratoria porque no son así cuando se trata de respetar a sus trabajadores».

Hay, en ese tema, cierta hipocresía, afirmó Abreu. La fuerza laboral del país se calcula de un millón quinientos mil personas en el sector privado y cerca de 400 mil en el sector público.

Durante el año en curso, al menos 20 empresas de zona franca cerraron sus puertas o disminuyeron su personal, dejando en las calles a unos 35 mil trabajadores, según los datos de la Secretaría de Trabajo.

Y lo peor de todo, según Abreu, es que el gobierno no tiene ninguna propuesta, ni creación de nuevos empleos. Las cifras del Banco Central hablan de una tasa de desempleo de 17%, sin embargo los cálculos de la CNUS es que el desempleo es de 30%.

Precisó que el trabajo informal en el país es de 56%, la mayoría de las veces con ingresos por debajo del salario mínimo.

No obstante, el trabajo informal se ha convertido en la «sombra que cubre la irresponsabilidad de los gobiernos» que dejan recaer en la informalidad su responsabilidad de crear nuevos empleos.

Y esa despreocupación de los gobiernos por el desempleo, recalca Abreu, se debe a que poco a poco la informalidad ha ido resolviendo el problema.

Sin embargo, llega un momento en que es tanta la informalidad que se convierte en un problema social. Y de ser una válvula de escape, los vendedores ambulantes, por ejemplo pasan a ser un problema que hay que resolver y desalojar de las grandes avenidas y sacar de las aceras. Para resolver esa situación hace falta una política de Estado responsable.