SANTIAGO. La jueza Ingrid Liberato, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres de los implicados en el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en el night club Casa Blanca, de Licey al Medio, donde fueron encontradas 45 mujeres venezolanas y colombianas que presuntamente eran explotadas sexualmente.
Las medidas contra los imputados Juan Antonio Fernández Fernández, propietario de Casa Blanca; Grismelda Acarilis Merejo Salas y el ciudadano venezolano Jolvert José Ramírez Palomo, mientras que para Jairo Correa Castillo y Magdalena Batista, una garantía económica de RD$ 2 millones.
Liberato declaró el caso como complejo e impuso la medida, para que en ese plazo la Fiscalía de Santiago con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas elabore el expediente. Asimismo, dicha medida tendrá que ser revisada dentro de 3 meses.
El grupo está acusado de incurrir en delitos sancionados por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como también de violar la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego.
Los abogados Rafael Minier, Herótides Rodríguez y Guillermo García, quienes representaron a Juan Fernández, Grismelda Acarilis Merejo Salas y a Jolvert José Ramírez Palomo, dijeron que se preparan para en tres meses demostrar la inocencia de sus defendidos.