Dando seguimiento a varias intervenciones mediáticas, por invitación de periodistas amigos, comparto con los lectores de Hoy un resumen de las posiciones asumidas en relación a la implementación de la Ley 285-04 y su reglamento. Se sobre entiende que pese a ser una ley general, junto a los dominicanos de la diáspora, los habitantes haitianos de la zona fronteriza como los inmigrantes ya instalados en el lado oriental de la isla, en su mayoría en condición de irregularidad y formando la comunidad de extranjeros más numerosa del país, son de hecho los más directamente concernidos.

Necesidad de una evaluación

Para conocimiento de todos, esa pieza legal tanto en su fase de elaboración como para el reglamento de su puesta en vigencia, por iniciativa de las autoridades, contó con la participación de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. Es con ese espíritu de colaboración, como miembro de una organización binacional legalmente incorporada, integrada por dominicanos y haitianos, en el marco de nuestra función de monitoreo y de acompañamiento a los dos gobiernos en la gestión de las relaciones dominico haitianas, lo cual no puede ser de ninguna manera calificada de “intromisión en asuntos internos dominicanos”, hemos visto, en la Fundación Zile, la necesidad urgente de una evaluación del proceso de implementación de la ley, a casi un mes de su puesta en vigencia.

La misma pudiera hacerse por el Consejo Nacional de Migración (CNM). Para tal fin se necesitaría que por lo menos 3 de los 11 miembros institucionales soliciten una reunión extraordinaria de ese órgano que debe tener sesiones ordinarias cada 6 meses de acuerdo a la ley. Por ende, considerando las atribuciones de la comisión de transición gubernamental y tomando en cuenta la urgencia de la propuesta se revela más fácil que dicha comisión, en base a un análisis preliminar, haga recomendaciones a los presidentes Leonel Fernández (saliente) y  Danilo Medina (electo), respecto a la continuación del proceso de implementación, tras consultas con los demás actores y posibles correctivos, o su aplazamiento hasta después del 16 de agosto previa evaluación exhaustiva por el CNM.

Al momento de terminar la redacción de este documento se informo de la convocación del Consejo Nacional de Migración. Es una decisión sabia. Cabe sugerir, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, debería de ser un consejo ampliado con los miembros de la  comisión de transición y representantes de los sectores vinculados al tema.

Esta propuesta se justifica por las anomalías registradas y las implicaciones políticas en las relaciones con Haití en el proceso de inicio de  la implementación de la ley 285-04, a principio del periodo de transición gubernamental en la República Dominicana.

Complicaciones coyunturales

Una coincidencia de hechos ha creado cierta tensión binacional, particularmente perjudicial, para el buen inicio de una nueva gestión de la agenda bilateral, de parte de las autoridades dominicanas que tomarán las riendas a partir del cambio de mando.

Fundamentalmente, las reacciones de funcionarios dominicanos a las declaraciones del embajador haitiano relativas a la protección de los derechos de sus compatriotas y lo mismo en Haití ante las disposiciones de la cancillería dominicana sobre visados y la ley de migración. También, las restricciones en la Junta Central Electoral (JCE) y el debate provocado por la sentencia de un tribunal de primera instancia de San Pedro de Macorís,  para la renovación de las cédulas de jóvenes adultos dominicanos de ascendencia haitiana, quienes sufren una suerte de aplicación retroactiva de la constitución del 2010, según varios juristas.

Asimismo, el relanzamiento del caso de Guayubin en la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH). Por último, el contemplado cierre por el gobierno haitiano de los mercados binacionales. Una situación general contaminada por amenazas de expulsiones de migrantes por civiles, de alteraciones al orden público en claro y reincidente desafío a la autoridad del estado, a través del llamado  de un grupo de Santiago a declarar no gratas a las ONG y de paso apoya, en este periodo de formación del nuevo gabinete Medina, a un funcionario gubernamental oriundo de la misma ciudad, quien no tuvo  la prudencia de distanciarse abiertamente de tales propósitos.

En ese contexto, sin desmedro de la soberanía dominicana en lo migratorio; pero tomando en cuenta los intereses dominicanos en los intercambios con el país vecino y la política que parece definir el presidente electo al respecto con su propuesta de un acuerdo de libre comercio, al menos, la oportunidad o no de iniciar este nuevo proceso migratorio en el periodo de transición gubernamental debió ser sopesada, por ser éste, un asunto que compromete a la nueva administración y define a largo plazo la política dominicana en materia migratoria.

En ese orden de ideas se aprecia sobremanera, el elegante ejemplo del Procurador General de la República al renunciar a su puesto, para dejar libre en sus decisiones al presidente electo. Gesto que debió ser seguido por otros funcionarios.

La falta de una campana de información y orientación

Respecto a la implementación de la ley, una de las más graves anomalías, es, después de 8 años de espera y 8 meses de preparación y planificación, desde la publicación del reglamento en octubre del año pasado, el inicio del proceso, sin la debida campaña de información y orientación, lo cual, creó un caos.

En su artículo 6 acápite 17 la ley 285-04 indica claramente que la Dirección General de Migración (DGM) tiene la responsabilidad de “organizar con la colaboración de otras entidades, un servicio de información y asesoramiento a los inmigrantes que deseen instalarse en el país”. También en su Artículo 14, la ley hace exigencia a las embajadas y consulados dominicanos en el exterior de informar a los extranjeros las condiciones que se requieren para ingresar y permanecer en el país, según las categorías migratorias”. En ambos casos nada se ha hecho.

El uso del creole

El gobierno estadounidense tan pronto otorgó tras el terremoto de enero del 2010 el estatus de protección temporal –más conocido con sus siglas en ingles TPS- a los haitianos, habilitó un espacio para informaciones en creole y posibilidad de “bajar” documentos en ese idioma desde el portal español del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (http://www.uscis.gov/). Asimismo, además de usar la página web de la embajada en Puerto Príncipe, en francés,  se utilizó el servicio en creole de “La Voz de América”, al igual  que los semanarios haitianos editados en los Estados Unidos para una campaña de información.

Cuba por igual, mantiene, por la importancia numérica de los llamados “descendientes” (de origen haitiano) su programa de información y orientación a la comunidad en creole en la estatal Radio Habana dirigido por cubano-haitianos.

Reiteramos pues la recomendación hecha a la DGM, desde diciembre del año 2011, de cumplir con la ley y el espíritu de la misma, que busca que la información correcta llegue a los potenciales inmigrantes, en este caso haitianos. Además, sería necesario, primero, organizar el servicio de asesoramiento con apoyo de personal que hable creole y segundo, lanzar una campaña en español y creole. Para ello puede auxiliarse de los programas comunitarios radiales en creole en la República Dominicana y del portal de la embajada dominicana en Haití, que tendría que tener una versión francesa o en creole. http://embajadadominicanaenhaiti.com/

Reacciones de los empleadores

Por otro lado, las reacciones de los principales sectores involucrados (patronal, sociedad civil, Iglesias, sindical, comunidad haitiana) han sido hasta ahora criticas.  La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) pidió el aplazamiento por un mes, desde antes de la entrada en vigor de la ley, y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), solicitó reconsiderar varias clausulas del reglamento. Fruto de esas gestiones, 20 días después del inicio del proceso se arribó a un acuerdo entre la Dirección General de Migración (DGM), la JAD y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI). Si bien el convenio puede ser visto como positivo no deja de revelar que las autoridades actuaron con apresuramiento y sin tomar en cuenta la realidad de la dependencia de la mano de obra haitiana en sectores claves, debiendo luego, flexibilizar su posición. Hay que admitir que todos, al igual que Migración tenían el tiempo suficiente para prepararse; pero, los compromisos de la campaña electoral y sus  incertidumbres, en gran parte afectaron el proceso, lo cual debió ser previsto.

Empero, las organizaciones de la comunidad haitiana (como se estila en otros países) no fueron implicadas para asistir a sus compatriotas y contribuir al éxito del programa. En este caso en particular, también recomendamos a la DGM que para el Plan de Regularización organice talleres de información dirigidos a los líderes comunitarios. 

Necesidad de un acuerdo de cooperación bilateral

Respecto al gobierno haitiano, sin exonerar sus responsabilidades directas, es preciso subrayar que la ley 285-04 en su artículo 13 relativo a las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el acápite 2, estipula que “preparará, negociará y establecerá  a nombre del gobierno dominicano acuerdos bilaterales y multilaterales, con organizaciones internacionales y Estados en materia migratoria”.

Partiendo de la primicia que es del interés dominicano “una vez por todas”, como dijo el Cardenal, de poner orden en el campo migratorio, se hacía obligatorio implicar al gobierno haitiano; a través de un acuerdo de cooperación, para facilitar la expedición de documentos claves para el proceso.

Hay que señalar que sin referirse directamente a la entrada en vigencia de la ley 285-04 ni el Plan de Regularización, el canciller dominicano Carlos Morales Troncoso y su par haitiano Laurent Lamothe (hoy también Primer Ministro), en una declaración conjunta firmada el 29 de febrero 2012 en Puerto Príncipe establecieron los puntos prioritarios de la agenda de la Comisión Mixta, en la cual se menciona en “Asuntos Migratorios, fronterizos y de seguridad”, “la definición de iniciativas para la documentación de migrantes haitianos por las autoridades haitianas y por las autoridades dominicanas”. Extrañamente ambas partes no jugaron de alta prioridad el asunto que ocupa la actualidad. Muchos también se preguntan por qué no fue un tema de discusión en ocasión de la cumbre Martelly-Fernandez en marzo pasado en Santo Domingo.

Evidentemente, desde nuestro punto de vista hay medidas haitianas de urgencia que se imponen, como la descentralización del servicio de pasaportes para los haitianos en el exterior, en la embajada de Washington. Lo cual evitaría la demora  de 4 a 7 meses de los expedientes. Es urgente que el gobierno haitiano ofrezca ese servicio directamente en Santo Domingo, reduciendo al mismo tiempo como lo fue entre 2002 y 2004 el costo del pasaporte, hoy, de US$ 70, a por lo menos, la mitad y la posibilidad que los haitianos lo paguen en pesos dominicanos a través de un banco. Es lamentable que Haití no haya dado la prioridad necesaria a este asunto.

El carnet transfronterizo para haitianos

Es evidente que no es tanto el problema común a nuestros dos países del registro civil (RD 24%, Haití 30%), sino asuntos administrativos y burocráticos del servicio consular haitiano que hay que resolver. Obviamente, para facilitar, de acuerdo al reglamento de la ley, el ingreso de los habitantes fronterizos quienes deberán, por lo menos tener su Tarjeta de Identificación Nacional, conocida como CIN en francés, las autoridades haitianas deberán priorizar un programa para otorgar ese documento en la referida región. En este caso, no se sabe si la DGM ha consentido algún permiso especial, para que los mercados binacionales, que reciben en una semana más haitianos que las escuelas durante todo el ano, funcionen fuera de la ley desde el pasado 1ro de Junio.

La circular al Ministerio de Educación

Otra anomalía grave, lo fue la circular relativa a la exclusión escolar. Felizmente reconsiderada, esta, normalmente debió ser manejada de Ministerio (Interior) a Ministerio (Educación). Hay que saludar la sensatez de la titular de Educación frente a una situación que puso en evidencia las potenciales consecuencias internacionales de un manejo incorrecto y las visiones distintas en el seno mismo de la alianza política en el poder, sobre el tema migratorio.

Dicha situación amerita una línea clara al más alto nivel de apego a la ley. El artículo 4 de esa pieza estipula que “El Ministerio de Interior y Policía es el órgano oficial encargado de la aplicación de la ley”. Entre otras funciones tiene el de “velar por la buena aplicación de la ley”, por lo que es improcedente hasta en  la forma la iniciativa de la DGM, toda  vez que la autoridad política en el manejo de ese tema es el titular de Interior y Policía.

Cabe observar, las autoridades deben evitar la cacofonía que se ha escuchado también respecto a su participación como miembro de la CIDH. A toda costa, hay que evitar dar la sensación, frente a Haití y en el plano internacional, que en vez de una regularización migratoria estamos en la fase preparatoria de un proceso de expulsión ideológicamente motivado.

El balance

Ahora bien, si no se quiere admitir que hubo, en un periodo de transición gubernamental, apresuramiento con fines políticos para la puesta en vigencia de la ley,  tampoco se quiere aceptar que el mismo fue un caos en sus inicios, sencillamente diremos que saltan a la vista varios aspectos sobre los cuales la DGM y otras entidades no están aun listas tales: servicio de orientación y asesoramiento, banco de datos, Escuela Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración, cuerpo de inspectores y oficiales de control migratorio, depuración y registro de control biométrico, carné transfronterizo etc.…elementos claves que forman la arquitectura necesaria para la aplicación correcta de la ley 285-04.

*El autor es sacerdote anglicano, Director Ejecutivo de la Fundación Zile, ex cónsul general en la República Dominicana y pasado Ministro de los haitianos viviendo en el exterior. Miembro activo de la diáspora haitiana en el país por 29 anos.