R. A. FONT BERNARD
La ocupación del territorio nacional por la Infatería de Marina de los Estados Unidos de América, el año 1916, estaba latente desde los primeros años del siglo anterior, ya próximo a terminar.  Y en particular, desde el 1905, cuando se concertó la Convención Domínico-americana, cuya cláusula séptima, copiada de la Enmienda Platt, aplicada a Cuba en el año 1902, autorizaba al gobierno de los Estados Unidos, a solicitud del gobierno dominicano, a auxiliarse «en la forma que estimare conveniente, para establecer el crédito, conservar el orden, aumentar la eficacia de la administración civil y promover el adelanto material y el bienestar de la República».

Un pacto que implícitamente autorizaba la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Naturalmente, a solicitud de los inestables gobiernos de entonces.

En su espacio editorial del 21 de enero del preindicado año 1905, el periódico Listín Diario se refirió, a propósito de la Convención, a «las ambiciones imperialistas del coloso del Norte» y a «la serie de dolorosos e irreparables errores nuestros, con los que la soberanía nacional toca a su fin». Para la época, la República Dominicana estaba calificada como «un país insolvente», presionado por Francia, Bélgica, Italia y Alemania, que en una ocasión mantuvieron estacionados en el antepuerto de la ciudad de Santo Domingo los barcos de guerra «Giovanni Bausán», italiano; «Junier de la Gravieri», francés, y «Vineta» alemán. El año 1904 el Presidente Teodoro Roosevelt había enviado al país al encargado de Negocios Thomas Cleveland Dawson, el primer diplomático norteamericano que se nos acreditaba, ya que los anteriores, negros, lo eran en calidad de «residentes», con sede en Puerto Príncipe. El señor Dawson llegó a caballo, procedente de la capital haitiana, a donde había viajado desde la base de Guantánamo, en Cuba.

Mister Dawson vino instruido pro su gobierno para que indagase si el gobierno dominicano estaría dispuesto a pedirle a los Estados Unidos que se hiciese cargo de las Aduanas de la República «para hacer una equitativa distribución de sus rentas entre todos los reclamantes europeos». «Sondee al Presidente de Santo Domingo -le fue indicado al diplomático -pero seriamente, y con espíritu amistoso, considerando la inquietante situación que se está desarrollando a causa de la presión de otros gobierno que tienen allí decisiones arbitrales en su favor».

Obviamente, Washington tenía presente la llamada Doctrina de Monroe, conforme a la cual, ningún Estado europeo podría tener injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos, en particular de los ubicados en el llamado «lago imperial», el mar Caribe.

En su libro titulado «Los Americanos en Santo Domingo» el profesor Melvin M. Knight dejó constancia, de que la Convención del 1905 «no fue una libre y espontánea decisión dominicana, sino la aceptación de una esclavitud unificada, para evitar el desmembramiento de la República». Pero el presidente Roosevelt declaró ante el Senado de su país, que «ese convenio constituye una prueba práctica de la eficiencia de los Estados Unidos en el mantenimiento de la Doctrina Monroe».

La amenaza de una eventual intervención militar norteamericana era trasparente en los primeros años del siglo XX. Pero los políticos de entonces, se entretenían protagonizando el desorden seudorevolucionario, iniciado a partir del magnicidio del Presidente de la República, general Ulises Hereaux, el 29 de julio de 1899.

El 19 de noviembre del 1911 fué asesinado el presidente Cáceres, y luego de una secuencia de gobiernos de facto, fué elegido como Presidente Constitucional don Juan Isidro Jiménez, quien se juramentó el 5 de diciembre del 1914. Entre los miembros de su gabinete incluyó al general Desiderio Arias como ministro de Guerra y Marina. Este, desde los primeros días del siglo, y con la sola excepción del gobierno del Presidente Cáceres, se había caracterizado como impenitente iniciador de todos los movimientos revolucionarios. Era, de hecho, el cacique militar de la región noroestana del país. A todos los presidentes solía imponerles condiciones que debían ser aceptadas como recurso ineludible para mantenerse en el poder. No tardó el general Arias, en constituirse en adversario del jefe del Estado, a quien sometió a una serie de exigencias de carácter político, contando con su influencia en el Congreso Nacional. Una advertencia formulada por el encargado de Negocios de los Estados Unidos de América, Mr. Stemont Jhonson, publicada en el Listín Diario del 21 de julio 1915, fue desdeñada por el ministro de la Guerra. «El Presidente Jiménez -expresaba la nota-, habiendo sido electo por el pueblo en octubre pasado, de acuerdo con el Plan Wilson, recibirá de los Estados Unidos cualquier ayuda que sea necesaria para obligar el respeto a su administración». Y a seguidas: «He sido instruido por el gobierno de los Estados Unidos para llamar la atención a los jefes de la oposición, no sólo con lo que respecta a lo que procede, sino de, en caso de que sea necesario, el desembarco de tropas para imponer el orden y el respeto al Presidente electo por el pueblo».

El general Arias no advirtió, en apariencias, que nuestra soberanía estaba amenazada, en vista de que desde el 28 de junio precedente, la Infantería de la Marina de los Estados Unidos había desembarcado en el territorio haitiano. En el mes de octubre presentó sus credenciales el nuevo enviado extraordinario y ministro plenipotenciario norteamericano, señor W.W. Russell, quien en los días sucesivos tendría un excepcional protagonismo en la actividad política del país. Apenas, transcurrido un mes de la llegada del señor Russell, éste dirigió una nota a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en la que se consignaba, entre otras exigencias, la restitución del Consejero Financiero Norteamericano, convenido en el acuerdo del 1905; la creación de una Guardia Civil, comandada por oficiales norteamericanos, y la interpretación, anteriormente rechazada, de la cláusula séptima con la Convención del 1905, conforme a la cual «para conservar el orden», los Estados Unidos de América podrían intervenir militarmente en los asuntos internos del país. El Presidente Jiménez, en un gesto que le enaltece en nuestra historia contemporánea, prefirió renunciar en un «Manifiesto dirigido al país», en una premonitoria apreciación de las que como dijo «desgracias que se avecinan sobre la República». Pero lo que se preveía desde el 1905 quedó fatalmente cumplido, cuando el 15 de mayo de 1916, desde el acorazado «Olimpia» surtó en el antepuerto de la ciudad de Santo Domingo, el Capitán H. S. Knapp, en su carácter de jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, y «actuando bajo la autoridad y por orden del Gobierno de los Estados Unidos» declaró la ocupación militar de nuestro país.

En los ocho años (1916-1924),en los que nuestro país fue gobernado por ordenes Ejecutivas, suscritas por los sucesivos gobernadores militares, culminaron con el desarme de la población, y con la posterior creación de la moderna organización policíaca, que favoreció el ascenso político del «huracán Trujillo».