Con una franqueza sin precedentes, y tras hurgar en ámbitos y conductas de un personal a su servicio, el Ministerio Público esgrime acusaciones de que en sus propias entrañas se borraron por años antecedentes de graves actos delictivos a cambio de dinero. El impactante expediente al respecto describe un tráfico de desmemorias facilitador de la reactivación de carreras delictivas limpiando nombres ante la sociedad; cadena de vulneraciones al funcionamiento de la Justicia que ponía en riesgo el crédito del país ante sí mismo y el mundo como Estado que debe ser capaz de reprimir con efectividad al crimen organizado y negar espacio a la impunidad. A partir de la mencionada desaparición de historiales, autoridades de países amigos estaban acogiendo como personas intachables a individuos que jamás hubieran podido, en función de sus pasados, instalarse en distintas geografías como si no tuvieran cuentas pendientes con la Justicia, según los cargos.

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No puede desconocerse el derecho fundamental a la presunción de inocencia de quienes serán encausados hasta el arribo, transcurrido el debido proceso, a lo definitivamente juzgado. Mientras tanto, las expectativas están planteadas en una opinión pública que mira con interés hacia fines profilácticos en su propia sede en que se muestra empeñado el Ministerio Público de ganado prestigio y que contra vientos, mareas, riesgos y amenazas muy directas no ceja en su decisión de esclarecer hechos y sostener casos por sus méritos ante tribunales.