POR CLAUDIO CABRERA
Aunque el país está mejor preparado en estos momentos para el impacto de un posible nuevo «shock externo» ante eventuales alzas del petróleo que podrían situar los precios del barril entre US$85 y US$105, las autoridades deben adoptar otras medidas preventivas para mejorar el «blindaje» en varios aspectos y amortiguar los altos precios previstos para el mediano y largo plazos.

Todo ello acorde a los planteamientos elaborados en un informe del economista Juan T. Monegro, de la Unidad de Análisis Económicos del Secretariado Técnico de la Presidencia, donde se ponderan las consecuencias del alza del petróleo para el futuro de la economía dominicana.

Al prevalecer una tendencia sostenida al alza de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial, el estudio afirma que esta tendencia está determinada por un conjunto de factores estructurales y coyunturales, por lo cual hay que tomar en cuenta factores «atenuantes y agravantes».

Con relación a coyunturas pasadas, sostiene que la economía dominicana cuenta con fundamentos más sólidos en sus estructuras productivas y «está dotada de un mejor blindaje para resistir el shock externo derivado del crecimiento de los precios del petróleo». También afirma que su comercio externo está hoy en día más sólido y diversificado en relación a años atrás.

Tal situación implica que hoy en día el país genera mayor cantidad de divisas que años atrás, por lo que los dólares se producen con mayor facilidad.

A pesar de estas circunstancias favorables al país, también hay factores agravantes, pues no se puede perder de vista que la actual crisis de precios coincide con adversidades muy relevantes, con una economía local recuperándose lentamente del período de recesión que experimentó en el período previo, desajustes fiscales severos, desequilibrios monetarios de gran magnitud, así como una dificultad para saldar compromisos con el exterior. Además, una gestión comprometida con la comunidad financiera internacional, en llevar a cabo los ajustes necesarios para equilibrar la economía y recuperar la dinámica de un sostenido crecimiento.

Al considerarse el múltiple impacto sobre la economía, se indica que el crecimiento de los precios del petróleo genera un impacto particularmente en el sector externo, fiscal y social.

Refiere que asumiendo una demanda efectiva mensual de alrededor de 3.5 millones de barriles de petróleo a un precio promedio en el trimestre enero-marzo del 2005, de US$46.1 por barril, la factura del país llegaría a los US$161.4 millones mensuales, igual a US$5. millones diarios.

Si en cambio, las cotizaciones alcanzan los US$25.8 por barril, el promedio del 2002, la facturación sólo sumaría US$90.3 millones mensuales o US$3.1 millones diarios. Esto supondría un costo adicional de US$117,000 diarios.

Con respecto a su incidencia sobre el sector externo, señala que aumentó de manera significativa en las importaciones generales de mercancías y en las exportaciones nacionales, al igual que incrementó su relación respecto al monto total de divisas aportadas por el conjunto de sectores estratégicos generadores de divisas, como son turismo, zonas francas, exportaciones generales y remesas.

Hay que considerar en adición el impacto fiscal, ámbito en que es de doble vía, pues el incremento de los precios de los combustibles que tiene una demanda inelástica, contribuyó a que aumentara la renta petrolera del gobierno.

En ese mismo sentido creció la presión fiscal del subsidio al consumo de electricidad y del GLP, lo cual llevó al gobierno en junio del 2004 a desmontar parcialmente dichas transferencias, esperándose lo mismo respecto al GLP. Contrariamente a lo esperado, se ha reducido la capacidad de la renta proveniente del impuesto petrolero para cubrir el pago del servicio de la deuda externa, pues de un 52.2% recaudado al 2002, bajó al 29.6 al 2004.

Ahorro de energía

En lo que respecta a decisiones proactivas para variar la situación, el documento plantea la necesidad de que las autoridades promuevan una política y nueva cultura para crear conciencia sobre la necesidad del ahorro de la energía.

«Actualmente, el gobierno carece de un plan y política que estimule el ahorro en el consumo de combustibles y energía de parte de la población», indica.

Tal ausencia de política propicia el uso irracional de los mismos, principalmente de la electricidad y del GLP, según se expone.

Debido a que el subsidio desde hace tiempo destinado al consumo de estos derivados representa una carga fiscal insostenible para el gobierno, se recomienda una política destinada a transferir de manera gradual y efectivamente la carga del precio real de esos dos derivados al consumidor final, lo cual se estima como lo más recomendable.

A fin de reducir el ahorro de energía y disminuir dicha carga fiscal, se ha planteado, entre otras cuestiones, la eliminación del subsidio universalizado al GLP y a la electricidad; perfeccionar y hacer más extensivo el mecanismo de subsidio focalizado y utilizarlo «como medio para aplicar un subsidio energético selectivo dirigido a familias extremadamente pobres».

Sobre el consumo de combustibles, «la política debiera estar orientada a desmotivar el transporte individualizado mediante el desarrollo de un transporte colectivo digno y eficiente».