El partido Alianza por la Democracia (APD) propuso hoy  la creación de una “Comisión de la Verdad Fiscal”, de carácter público privado que esclarezca los hechos y las responsabilidades penal y política por el déficit fiscal.

La entidad que preside Max Puig afirmó que para ganar las elecciones a toda costa y mantener su dominio sobre el aparato estatal, el equipo gobernante le dio rienda suelta al gasto, obviando los sistemas de control público y dejando de lado la más elemental prudencia económica.   

Aseguró  que en el desbordamiento del gasto público con propósitos electorales primó la falta de transparencia, hasta el punto de que el nuevo gobierno ha insistido en que desconocía el estado real de las finanzas públicas y de la economía nacional. 

La organización política manifestó en un comunicado que en el 2012 el gasto público se disparó en un 43% con respecto al año 2011, y que al finalizar el presente año, la República Dominicana tendrá un déficit fiscal de niveles históricos que representará el 6.8% del Producto Interno Bruto y más del 8% si se considera  el déficit consolidado.

La APD también expresó que aunque en un primer momento el Gobierno manifestó su propuesta de dialogar con los distintos sectores sociales, “quedó evidenciado su propósito de imponer a rajatabla su amplio listado de nuevos impuestos al romper el diálogo en el Consejo Económico y Social”.

El partido opositor, reclamó al Gobierno recapacitar y deponer su actitud desafiante de pretender imponer contra viento y marea un paquete fiscal que afecta gravemente al conjunto de la población y especialmente a sus capas más pobres. Exigió la aprobación de un presupuesto razonable con enfoque de desarrollo y garantice los derechos básicos de la población.

Pide también el establecimiento de un plan específico, con medidas concretas, orientadas a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público que incluya, entre otras medidas, la eliminación de partidas clientelares o «Barrilitos», una verdadera reingeniería institucional, la fusión de instituciones, la eliminación de funciones superfluas así como la supresión de nominillas y todo tipo de botellas.    

“El gobierno debe escuchar todas las voces, abrirse al diálogo y no limitarse a pactar con grupos privilegiados”, indicó.