Como creen difícil que los casos de corrupción prosperen en los tribunales del país, los integrantes de la Red de Acción Política (RAP) informaron hoy del montaje de un juicio popular contra el ex presidente Leonel Fernández con la intención de imponerle una condena social por «ser el principal responsable de provocar el hoyo fiscal que afecta las finanzas del Estado», según dijeron.

Al hablar en rueda de prensa en el Colegio Médico Dominicano, Tania Hernández expuso que la organización montará un tribunal público donde Fernández será sentado en el banquillo de los acusados para que responda por el desfalco que, afirmó, se cometió contra el Estado durante los ocho años de su gobierno.

El juicio popular, dijo Hernández, se llevará a cabo el miércoles 21 de noviembre en el paque La Lira de la avenida Abrahan Lincoln de la capital dominicana a las 5:00 de la tarde. Manifestó que en la audiencia “pública, oral y contradictoria” la sociedad estará representada por una amplia barra de abogados y que la barra de la defensa estará simulada por Vincho Castillo, el abogado garante de la ética en el Estado.

Sus razones. Tania Hernández adelantó que la actividad ha sido organizada porque el gobierno de Danilo Medina quiere imponer un paquetazo tributario que afectará a la mayoría de la sociedad sin establecer el cómo y porqué se llegó a esa situación.

«El gobierno del PLD quiere imponer un paquetazo de impuestos que afectará a la mayoría de la sociedad dominicana, especialmente a la clase media y a los más pobres”, expresó Hernández.

Poca confianza en vías judiciales. En la rueda de prensa también participaron Olaya Dotel, Leomayra Suriel, Ana Feliz, Raivel Custodio, Pedro Catrain, entre otros, quienes argumentaron que es muy difícil que los expedientes de corrupción prosperen en los tribunales del país por el control que tiene Leonel Fernández de la justicia y porque tanto el presidente Danilo Medina como el procurador Francisco Domínguez Brito han descartado someter a los responsable del hoyo financiero.

Olaya Dotel y Pedro Catrain respaldaron la iniciativa de Guillermo Moreno y Alianza País de someter por ante la Procuraduría una querella formal contra Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa para que respondan en los tribunales por el dinero faltante en las cuentas del gobierno.

Sobre el hoyo fiscal. En el documento del juicio popular entregado a los medios de comunicación se dice que: “Una parte de los recursos del hoyo fueron utilizados para la reelección conyugal y para prestarle la silla por cuatro años al hoy presidente Danilo Medina, razón que le impide mover la acción judicial contra quienes desfalcaron el Estado”.

Se indica también: “Pese a que desde hace ocho años venimos pagando una gran cantidad de dinero en impuestos, con la promesa de que nos serán devueltos en servicios sociales, no contamos con un sistema de salud pública, ni se ha invertido lo que establece la ley en la educación”.

Según RAP “ahora se nos vuelve a prometer que para que eso sea posible tenemos que aceptar y aguantar un nuevo tablazo impositivo, el séptimo de los gobiernos del PLD”.

En la rueda de prensa también intervino la historiadora Ana Feliz, quien expuso que el gobierno del PLD quiere “que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas nos sigamos sacrificando sin tomarse la molestia de establecer las responsabilidades penales en el gran desfalco que se ha cometido contra el Estado”.

De acuerdo con la profesional el presidente Danilo Medina, en un primer momento, se negó a esclarecer la situación financiera en la que encontró el gobierno, y luego de ser presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) su equipo económico, el mismo que ha manejado la encomia durante dos periodos consecutivos, informó del hoyo en las cuentas del Estado que solo este año se calcula en 187 mil millones de pesos”.

Ante esa realidad, agregó Feliz, es que se celebrará el juicio público y popular a Leonel Fernández y porque “”ahora se nos quiere cobrar más de 40 mil millones de pesos en nuevos impuestos a los alimentos, las bebidas, el transporte, los combustibles, la energía eléctrica y los principales bienes y servicios que forman parte de la canasta básica familiar”.

Abogan por extensión. El documento de motivación del juicio concluye haciendo un llamado a los movimientos sociales, a los partidos políticos de oposición y a la ciudadanía en general a extender por todo el país los juicios populares a Leonel Fernández “como una forma de aplicar justicia desde la sociedad, debido a que los órganos institucionales designados por las leyes para tales fines están controlados por el ex presidente”.