El presidente Leonel Fernández, en su discurso ayer ante la Asamblea Nacional, presentó sus planes futuros de gobierno con el optimismo que le ha caracterizado, lo que le fue reconocido aún por sus opositores. Enumeró sus programas inmediatos para responder a las necesidades más sentidas de la población, como es la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, así como para mejorar los servicios públicos de energía y la producción de alimentos.

Fue especialmente notorio que el mandatario se mantuvo en una línea de evitar las confrontaciones y en todo momento pareció conciliador, aún cuando planteó su decisión de emprender obras fundamentales sin temor a las críticas, aunque siempre dispuesto a escuchar todas las corrientes.

Sin dudas que es fundamental, como ha planteado el mandatario, la organización de las finanzas públicas para enfrentar los retos que deberá enfrentar la Nación dentro de los nuevos esquemas económicos. Tenemos los plazos venciendo rápidamente para acomodar nuestros vida económica a las condiciones que nos impone la participación en áreas de libre comercio regionales que se propagan a nuestro alrededor.

Es innegable que es urgente acomodar nuestras precariedades y ajustar nuestros esquemas de producción para las nuevas etapas que nos impondrán los tiempos, porque ciertamente, como bien expresó el doctor Fernández, el país tiene grandes desafíos en el porvenir inmediato.

Es reconfortante que nuestras autoridades estén conscientes y tomen previsiones para responder a los desafíos, pero al mismo tiempo es alentadora la advertencia del mandatario de mantenerse abierto al diálogo y a escuchar las críticas. En el camino del diálogo se evitan las sorpresas y se impide la confrontación y el grave roce social.

Dentro de los aspectos que tocó el mandatario, quizás el que más profundamente cala en el ánimo popular, es el relativo al orden público.

Los escándalos de los últimos meses en que se han involucrado a autoridades militares y policiales, sobre todo en lo que tiene que ver con los robos y asaltos, crearon una profunda preocupación y generaron una enorme desconfianza hacia todos los estamentos públicos. Corregir estas graves deformaciones, acumuladas por años de malas prácticas, requerirá de una fuerte voluntad del mandatario. Fernández se comprometió a hacer estos cambios y esto es, por si solo, un gran aliento.

En sus propuestas, también el doctor Fernández advirtió que se necesita un compromiso de gobernantes y gobernados para hacer las reformas. Esto es innegable, pero el mandatario no debe perder de vista que en nuestro medio ha sido y es el Estado el que rompe ese pacto que se supone dado en la Constitución.

El ciudadano debe cumplir y cumple, pero el Estado está obligado a hacer que se cumpla con el pacto que se fija en la ley. El Estado debe cargar y castigar al incumplidor, pero nunca escarnecer al que cumple. Es, sin dudas, este el gran defecto en nuestra tradición del ejercicio de las funciones públicas y lo que ha fomentado la corrupción y el descrédito del Estado dominicano dentro y fuera de nuestro territorio. Es, por tanto, como bien ha planteado el mandatario, fundamental este pacto de gobernantes y gobernados. Pero es más importante el cumplimiento de las partes.