Es muy probable que la pérdida de sensibilidad política y ciudadana de los dominicanos sea tan alarmante que ante un caso como el de los jueces que negociaban sentencias, según las acusaciones emanadas de la Procuraduría General de la República, no se vea ni se oiga manifestación alguna de pesar y de exigencia militante de una investigación profunda, rigurosa y exhaustiva.

La denuncia hecha por el señor Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, en el curso de una rueda de prensa, habría estremecido cualquier otro gobierno.

Por supuesto, aquí ni siquiera ha provocado todavía una reacción de la Casa de Gobierno. Tampoco de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la insensibilidad no es solo de los ciudadanos.

Es una enfermedad que se extiende por todo el cuerpo social de la República Dominicana, incluyendo a las autoridades y a los grupos organizados en torno a intereses legítimos. Es una lástima que sea así y, a la vez, un síntoma de cuán amplia y profunda es la enfermedad que afecta al pueblo dominicano.

Cuando una sociedad que se dice vive en democracia no es capaz de reaccionar ante la alteración de su aparato de justicia, hay que ponerse las manos en la cabeza y empezar a pensar que el futuro es sombrío. Y no es pesimismo. Ocurre que la justicia constituye el sistema de arbitraje de una nación organizada.

El aparato o sistema de justicia es el dispositivo institucional que garantiza el fiel cumplimiento de las leyes, que garantiza la justa aplicación de las normas que rigen la convivencia social y que permite el equilibrio entre los grandes y medianos intereses.

En otras palabras, ninguna nación puede vivir sin un sistema de justicia adecuado. Y peor que carecer de instituciones judiciales es pretender tenerla y alterarla, corromperla y pervertirla desde dentro.

Si un grupo de jueces de primer orden se organiza para poner la ley al servicio de los delincuentes y la delincuencia, por dinero y otros favores, entonces estamos a la puerta del caos y de la anarquía.

Y esto es, según la lógica de las denuncias del señor Procurador General de la República, lo que podría estar sucediendo en la República Dominicana.

Los dominicanos tienen, pues, que despertar ante esta voz de alarma y tomar conciencia de la gravedad y las implicaciones de un hecho de perversión de la justicia como el denunciado.

Y debe despertar y tomar conciencia y salir a las plazas públicas, a las calles y avenidas, a los templos, a las universidades y a los medios de comunicación a reclamar una investigación amplia y competente que no deje absolutamente nada encubierto, y que se castigue a todo el que sea necesario castigar. De lo contrario, esperemos la disolución, que llegará.