Pasando a otras autoridades, el Estado ingresa mañana al lapso cuatrienal que por decisión del electorado debe caracterizarse por avances institucionales hacia formas de regirse que correspondan más a la realidad del país tras un accidentado proceso electoral distorsionado por la presencia del poder y sus recursos salidos de neutralidad para ser parte de la contienda con riesgos para la democracia.

Dejada atrás esta página, es posible superar el monopolio partidario que anulaba la función congresual fiscalizadora y otros controles sobre la cosa pública. Neutralizada la vigilancia ética y judicial, la corrupción se impuso como tema básico de la contienda que dio ganadores a quienes demandaban transparencia y esgrimían acusaciones de enriquecimientos ilícitos.

El reto es aplicar una administración pública sin opacidad, abierta a reclamos sociales, sin enclaustramientos palaciegos ni la renuencia a la concertación, que sitúa a la opinión pública en escasa interacción con la dirección de los destinos nacionales, inaccesible sistemáticamente a la prensa, sin reaccionar a las críticas por gastos y endeudamientos desbordados que pusieron cuentas públicas en déficits; negada a suscribir pactos fundamentales para la equidad fiscal y recomposición del sector eléctrico.

Retrasada en la modernización que disminuya costos y eleve la calidad de servicios públicos hoy presionados por la peor crisis sanitaria y económica.

Una receta para lograr cambios

Ha hecho mucho daño al país la renuencia a prescindir del clientelismo y a tocar intereses particulares y políticos para seguir sustentando liderazgos en el reparto de empleos, concesión de ventajas y tolerancia a las componendas para lucros espurios.

Las últimas recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para poner la economía nacional en buen camino procuran, esencialmente, que el país sea gobernado dejando atrás las lacras del pasado.

Quiere que haya eficiencia del gasto público, impulsos que logren eficiencia en el Estado, reduzcan pérdidas del sector eléctrico, «filtraciones en los programas de protección social» y concesiones a sectores que viven restando ingresos al fisco.

El BID acompaña «técnicamente» al pueblo en su explícito rechazo a que los gobiernos sigan alimentando privilegios y negando cambios estructurales.