La exigencia es ineludible. Se inscribe en un justo clamor colectivo. Antes que ver como apenas un deplorable accidente lo acontecido el domingo 16, se impone un esclarecimiento cabal de las responsabilidades por la trama criminal que determinó la suspensión de las elecciones municipales.
Estamos ante un hecho supremamente grave, indignante, bochornoso.
No tranquiliza lo suficiente saber que en marzo próximo se reanuda la consulta popular y que esto encaja legalmente, sin necesidad de una reforma constitucional. De ningún modo cabe esperar que la reinstalación de las asambleas electorales surta confianza en aquellos que cifrando esperanzas mayores que sus contratiempos suelen acudir entusiastas a depositar su voto.
Hace falta conocer con diafanidad, donde fuere y al costo que fuere, los resortes que se movieron para la consumación de un hecho sin precedentes en la historia de nuestra precaria vida institucional democrática. Sobre todo, porque eran manifiestos los reclamos de los partidos para la adopción de las previsiones pertinentes, lo que suponía la depuración del personal técnico, la habilitación cuidadosa de los equipos informáticos, la logística en una extrema supervisión del proceso y un permanente seguimiento a los eventuales percances para su oportuna corrección. Las interrogantes abundan.
El electorado, y más bien la sociedad dominicana como tal, merece que todo quede debidamente esclarecido, mientras se adoptan las providencias necesarias para descartar una reincidencia susceptible de conducir al país al caos, con su secuela de sangre, atraso y quebrantamiento del orden y la paz.
A la Junta Central Electoral le incumbe rodear el sufragio de las mayores garantías y con ello despejar al más alto grado las dudas en torno de la objetividad en la conducción del proceso. Le concierne formular los más firmes y determinantes requerimientos de investigación a la policía judicial especializada en la persecución de crímenes de alta tecnología, el DICAT, y, de modo subsecuente, al ministerio público, con las debidas advertencias del celo requerido.
En lo legal sustentamos que como la convocatoria del tercer domingo de febrero, según lo preceptuado por la Constitución de la República, no fue objeto de una anulación, lo cual habría sido competencia del Tribunal Superior Electoral, sino que se trató de una suspensión de carácter general, la convocatoria anunciada para el 15 de marzo operaría como una reanudación de los trabajos de las asambleas electorales iniciados el 16 de febrero.
Claro está, habría sido más acorde con la interrupción dispuesta la preservación de los cómputos registrados en aquellos colegios electorales donde rigió el voto manual, o aún en los del sistema automatizado en donde los inconvenientes no fueron mayores. Pero esto supondría que el máximo organismo electoral hubiese adoptado medidas cautelares para la preservación de los resultados parciales.
La convocatoria para marzo de la reanudación de la consulta concuerda con el principio de razonabilidad, descartando toda alteración a lo establecido por la Carta Magna, siempre que las nuevas autoridades municipales que resulten electas puedan instalarse el 24 de abril de 2020.
Decía Baltasar Gracián que la confianza es la madre del descuido. Tenemos todos que mantenernos alertas.