Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos coloca a la República Dominicana entre los países que no aplican suficiente esfuerzo por detener la trata de personas que a través de las fronteras son llevadas a la prostitución o a algún tipo de explotación laboral.

El origen del diagnóstico: Washington, no le resta ni agrega significación y con seguridad que a la mayoría de los dominicanos les parecerá ofensivo que una nación poderosa y de hegemonías vigile y evalúe el ejercicio de autoridad (o de falta de autoridad) dentro de estas fronteras nuestras.

Pero lo más importante debería ser la percepción de que el State Departament no está señalando novedades. Con regularidad, críticos locales, incluso la prensa, sostienen criterios similares. Aparte de que los propios norteamericanos suelen dar motivos para que se les critique su forma de hacer o no hacer cosas en perjuicio de seres humanos.

Es imposible negar que las autoridades dominicanas han faltado a sus obligaciones de perseguir y castigar a quienes se organizan para, mediante fraude y clandestinidad, llevar de un territorio a otro a personas usadas en el comercio de sexo, niños y adultos, o puestas a realizar trabajos bajo explotación en violación a los marcos legales que deben proteger a la niñez y a la mano de obra.

[b]II[/b]

Por si pudiera quedar alguna duda, una sola observación del informe EUA pesa enormemente con su elocuencia: no se registra ninguna sentencia definitiva de los tribunales dominicanos en contra de traficantes de personas en todo este tiempo.

A ello se agrega la certeza de que la Policía Bpobre en eficacia, agregamos nosotros- Apractica muy pocos arrestos@ sobre la materia.

Carece la República Dominicana de una sólida estrategia de enfrentamiento a los grupos que burlan controles para alimentar el ejercicio de la prostitución en los más diversos sitios del mundo, calculándose que en la actualidad unas 50 mil mujeres de este país son parte de ese comercio.

La ausencia de voluntad política para frenar sobre en el territorio nacional el tráfico ilegal de personas de diferentes nacionalidades, y para fines distintos, se evidencia también en la falta de sanción y encausamiento de funcionarios públicos sorprendidos en su co-participación o complicidad con la trata de personas.

Además de tener que aplicar con rigor la ley contra los traficantes de ciudadanos, un gobierno serio y responsable tiene que poner atención también a las causas sociales que alientan las migraciones sombrías, que se disparan cuando no se propicia el crecimiento sano de la economía ni se logra un aumento de las oportunidades de empleos decentes y bien remunerados en nuestro propio territorio.