Quienes entienden la lucha contra las drogas a partir del decomiso de cantidades de sustancias prohibidas y captura de quienes las trafican y negocian,  tienen una pobre panorámica del desafío que este mercado representa para el Estado. Implícitas en las operaciones de tráfico están un aparato criminal poderoso y organizado, un fuerte activismo que procura lavar dinero sucio en entidades legítimamente constituidas,  un poder asombroso de infiltración en instituciones sensibles del Estado y de la sociedad civil, para minar su moral y capacidad de acción, y  la práctica cada vez más generalizada de pagar con especie los trabajos de tráfico para fomentar un mercado local de consumo con todas sus graves derivaciones.

 A estos desafíos tiene que enfrentarse la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuyo director, general Julio César Souffront, presentó un diagnóstico muy resumido del desafío, basado  únicamente en los datos a la mano, relacionados con los casos enviados a la justicia. El oficial participó como invitado al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Le acompañó parte de su equipo de trabajo. Para los  países como el nuestro, con posición geográfica estratégica, la lucha contra la droga se libra en diversos frentes y exige cada vez más y mejor tecnificación, equipos, logística, personal entrenado y medios efectivos de profilaxis constante. Es un desafío inmenso.

EL FLANCO DÉBIL EN MATERIA DE SALUD

La República Dominicana es el tercer país de la región con menos enfermeras. Solo Bolivia y Haití nos superan en esta debilidad. El otro flanco débil es que la paga de las enfermeras es tan baja que las obliga a tener más de un empleo para poder vivir. Los sindicatos de enfermería del país podrían estar en lo cierto cuando afirman que el exceso de trabajo y baja remuneración de ese personal estaría influyendo en la mortalidad de pacientes en hospitales y clínicas. Un personal cansado y mal pagado no puede tener un buen desempeño, y esto, en materia de salud, puede ser fatal.

De ahí que aboguemos porque las autoridades  sanitarias evalúen las condiciones de trabajo de las enfermeras y que atiendan, con espíritu de justicia social, sus reclamos más justos. Esto puede contribuir a mejorar los servicios de enfermería y a disminuir la tasa de mortalidad que esté relacionada con las condiciones de trabajo.