Es muy penoso que haya grupos y personas que desde que se menciona Haití o los inmigrantes haitianos reaccionan airados y son capaces de las más groseras manipulaciones para estigmatizar, promover exclusiones y atizar odios entre los dos pueblos que habitarán por siempre el espacio insular de 72 mil kilómetros cuadrados, y por tanto condenados a entenderse.

Es lo ocurrido con nuestro análisis publicado en HOY el 14 de noviembre, “Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)”, donde se plantea la disyuntiva del nuevo Gobierno con los 196,471 inmigrantes, casi todos haitianos, que se acogieron al mismo desde el 2014 y cuyos carnés provisionales han vencido en el período 2019-20. Sin ningún fundamento algunos difundieron que se pedía la regularización de 500 mil haitianos y en las redes sociales lo equipararon hasta con la nacionalidad dominicana.

En base a esas falsedades han renovado sus viejos reclamos de linchamiento por “traición a la patria”, y han convocado una “Gran marcha nacional contra la nueva regularización de 500 mil haitianos que propone Juan Bolívar Díaz”. Unos cuantos fanáticos colocaron en las redes decenas de mensajes de odio.

Uno tuvo la osadía de escribir a mi correo electrónico bajo el seudónimo de ruddy.rom:“Traición a la patria. Jamás el pueblo te va perdonar por querer que el gobierno legalice a los haitianos ilegales, tu eres un hijo de puta! Tu vida no vale nada por traidor espero que un buen patriota te de pa,bajo”.

La pretendida traición fue plantear que el PNRE ejecutado a partir del decreto 327-13 de Danilo Medina, tras ser dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado en un limbo.

Con base en un documento oficial de la Dirección General de Migración se indica que en principio 288,481 se acogieron al llamado a regularización, de los cuales 28,508 no calificaron por falta de documento de identidad, pero 259,973 fueron acogidos provisionalmente.

Que de estos solo 7,831 llenaron todos los requisitos y recibieron permisos de residencia temporal ordinaria, mientras 252,142 obtuvieron permiso temporal de No residentes, para que pudieran completarlos.

Entre 2016 y 2018 los carnés provisionales fueron renovados dos veces, se redujeron porque muchos se fueron del país, pero quedaron 196,471 cuyos carnés ya quedaron vencidos, 12,779 en el 2019, y 183,701 a noviembre del 2020.

Después de 6 años de esfuerzos e inversión de cientos de millones de pesos del erario nacional, solo 14,763 tienen en la actualidad permiso para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5,916 como residentes temporales.

Ante esas estadísticas oficiales, el análisis planteaba que “el nuevo Gobierno tiene dos opciones, volver a renovar la provisionalidad vencida, o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus definitivo”.

Planteaba más complejidad para los 301 mil haitianos que según la Encuesta de Inmigración 2017 están en el país sin haberse acogido al PNRE, y concluía que “lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares”.

Hasta personas racionales han creído la manipulación de la regularización de los 500 mil haitianos que según la ENI-17 vivían en el país, y llegan al extremo de condenar toda regularización, ignorantes de que el objetivo es controlar el desorden migratorio.

Desconocen el decreto de Balaguer que en 1990 declaró de alto interés nacional un plan de regularización de extranjeros, la ley de Migración del 2004 cuyo artículo 151 lo dispone, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) del 2012 que lo reitera y hasta la polémica sentencia del TC 168-13 que lo ordena.

Para algunos fanáticos, defender el proceso de regularización es traición a la patria. Ignoran el artículo 23 de la Ley de END, que en su numeral 2.3.7 dispone “Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, asumiendo que los inmigrantes haitianos representan más del 75% de la mano de obra agropecuaria y del 60% en la construcción, y que la buscan hasta para porteros de casas y edificios de apartamentos.

La END reclama el registro y control de los inmigrantes, atendiendo a la demanda del desarrollo nacional, pidiendo sanción a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, alinear los órganos del orden público con el marco jurídico y hasta “asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante”. ¿Es o no una ley, consensuada tras diez años de consultas y debates?