Comprendo que ningún dominicano consciente pone en duda la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana. Basta ver el panorama macroeconómico del país, que apuntala a un déficit fiscal importante. En el caso del presupuestario del Sector Público No Financiero el déficit alcanza un 3% del PIB, pero si se incluye al sector financiero puede llegar al 5%.

A esto se agrega la necesidad de aumentar las recaudaciones del Estado para que pueda elevar su inversión en sectores y áreas en los que la demanda ciudadana crece, tales como salud, seguridad social, drenaje, transporte, infraestructura y protección ambiental, entre otros.

Y no estaría de más que esa reforma fiscal se aprovechara para una reestructuración del aparato impositivo que permita simplificarlo, de modo que aumente la cantidad de agentes económicos formales y la economía dominicana supere el cáncer de la informalidad que, según datos del Banco Central, llegó a un 56% el año pasado.

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No obstante, aunque dicha reforma fiscal es más que legal, debido a que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 ordena que se produzca un pacto fiscal, no menos cierto es que, además de ser legal, un proceso de esta naturaleza tiene que ser legítimo.

Para garantizar esto es preciso que, antes del gobierno hablar de aumentar impuestos, se someta a un proceso de revisión propia y mejora de la calidad del gasto. El interés colectivo amerita sacrificios colectivos y cada quien debe poner su parte.

Además, aunque la palabra consenso es muy bonita y este gobierno la ha puesto de moda, la realidad última es que, si bien las consultas y discusiones son importantes y necesarias, porque eso es democracia, llega un punto en que en temas como este de la reforma fiscal, hay tantos intereses involucrados que es imposible satisfacerlos todos y es el Gobierno a quien le corresponde tomar las últimas decisiones.

Por eso, para que este proceso sea legítimo urge que el gobierno continúe mandando señales de mejoras en la calidad y en la forma del gasto público y del presupuesto, como ha estado haciendo la Digepres, con José Rijo Presbot. Sin embargo, en otras instancias hay gestiones muy criticables, algunas con una connotación coyuntura, otras más estructurales. Una muestra es la súper numeraria nómina de asesores en las que incurren muchas entidades del Estado, según reveló el periódico Panorama.

El caso de las distribuidoras eléctricas es un ejemplo de lo estructural. Los datos señalan que el monto del subsidio eléctrico en estos últimos 4 años es de US$4,005.4 millones de dólares. Al mismo tiempo el promedio actual de pérdidas de las Edes es de un 40%, indicando esto un tema de falta de gerencia y de eficiencia que implicaría tratar este tema de manera técnica, no con una visión politiquera, porque seguir financiando eso es injusto.

También hay que ahondar en una reforma institucional que garantice la eficiencia del Estado, pero sin caer en duplicidades institucionales sólo para tener donde nombrar y colocar a “los compañeritos del partido”.

Por ejemplo, el ala de asistencia social está compuesta por más de 10 instituciones y cada una tiene su tienda aparte, que es lo mismo que decir su nómina y su presupuesto (de los recursos de todos y todas). Ahí están Comedores Económicos, Plan Social, Supérate, Adess, Siuben, Gabinete Social, INAVI, Desarrollo Barrial y Desarrollo Provincial, a lo que se suma que muchos ministerios y direcciones tienen también un capítulo de asistencia social. ¿Cómo le ganamos a Cuba?

Finalmente, pero no menos importante, el Gobierno está compelido a mejorar sus capacidades y vo luntades para combatir la evasión y elusión fiscal. Sólo de ITBIS se estima que la evasión supera el 40%, una de las más altas de la región, según la CEPAL.

Tampoco estaría de más revisar las exenciones de sectores económicos que si bien lideran el crecimiento económico, están ya consolidados, por lo que no estaría mal hacerun equilibrio de que, si se les exonera el ITBIS de sus materias primas, por lo menos se les exija pagar el ISR.

En fin, reitero, más allá del oportunismo e irresponsabilidad política de una parte de la oposición, todo dominicano que se respete sabe que sí es necesaria una reforma fiscal.

Ahora, ¿Cuál reforma fiscal? Esa es la clave. Hay impuestos que pueden y deben revisarse a la baja; se puede simplificar el Código Tributario, eliminar el anticipo, bajar tasas de impuestos como el de las telecomunicaciones, disminuir el impuesto selectivo al consumo (ISC) y bajar las tasas del ISR a las personas físicas y a las empresas, etc.

Y, aunque siempre la reforma fiscal se ha vendido como un cuco, quien quita que, dependiendo de cómo se aplique, y, si de verdad se favorece a quienes lo necesitan y se sanea la estructura fiscal, en vez de representar un costo político, puede convertirse en un bono canjeable para un buen capital político, que nunca le viene mal, sino a políticos con impedimentos constitucionales, por lo menos a partidos con vocación y olor a poder.