Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
La verdad es que los ciudadanos y ciudadanas dominicanos no necesitaban del estudio auspiciado por la Foreign Policy, de Estados Unidos, para saber que nuestro Estado tiene grandísimas fallas y debilidades. Pero debe aclararse, de entrada, que la afirmación esencial del cable periodístico que ha provocado una avalancha de comentarios y exposiciones señala, de manera clara, lo siguiente: Haití, Colombia y República Dominicana figuran en la lista de los primeros 20 países en más riesgo de convertirse en Estados fallidos, según un estudio difundido el martes.
En otras palabras, no somos aún un estado fallido, sino que podríamos desembocar ahí si continuamos las tendencias actuales. El tema de la existencia o no del Estado dominicano no es nuevo, es un tema viejo del cual se ha hablado con abundancia. El doctor Juan Isidro Jiménes Grullòn, por ejemplo, hace muchos años que desarrolló la tesis de que somos, como nación, una ficción. La debilidad de las instituciones estatales y la frecuente afuncionalidad en que caen los clásicos poderes del Estado, por comisión y por omisión, remite de forma reiterada a la idea de que el Estado dominicano es endeble, raquítico e ineficaz. Pero regresemos al punto que deseamos destacar en estas notas. Nos hemos alarmado por los resultados de la publicación del Foreign Policy y el Fondo para la Paz, y hasta hemos llegado a afirmar que los autores de la investigación nos sindican como un estado fallido. Creo, sin embargo, que el mayor enfado se debe a que aparecemos en un grupo de 20 naciones en la que está Haití.
Las debilidades de las instituciones gubernamentales dominicanas, tributarias del Estado, han sido ampliamente documentadas y verificadas por sistemáticos estudios de opinión pública. Apoyémonos ahora en las Demos, es decir, en los cuatro sondeos de la serie Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia, correspondientes a los años 1994, 1997, 2001 y 2004. Ahí encontramos que más del 60% de la población ha dicho que los servicios públicos básicos funcionan mal. Se están refiriendo a transporte público, educación pública, hospitales públicos, el Seguro Social, la electricidad, la recogida de basura, el suministro de agua potable y la construcción de viviendas populares. En ninguno de los casos y en los distintos sondeos el 50% de la población ha dicho sentirse satisfecha. El tema de la confianza en los organismos claves es más alarmante todavía. La Demos 2004 consigna que el nivel de desconfianza llega al 79% de la población. Es bueno que el lector sepa que este estudio se está refiriendo a los militares, a los síndicos y regidores, a la justicia, a la Policía, al Congreso y al Presidente de la República. Las instituciones públicas del país han venido devaluándose ante las miradas indiferentes de quienes han recibido el mandato y son pagados para que velen por su buen funcionamiento y eficiencia. No hay supervisión, no hay fiscalización, no hay la suficiente sensibilidad para interesarse por las entidades bajo su jurisdicción. Entrevistados para la Demos 204 que procuraron servicios en las escuelas públicas, en los hospitales, en los ayuntamientos, en las fiscalìas, en los tribunales y en la Policía dijeron que tuvieron que pagar sobornos para ser atendidos. La misma encuesta muestra la imagen de poca integridad u honestidad que los servidores de los gobiernos y del Estado tienen ante los ciudadanos. Solo los empleados públicos, en general, superan los 50 puntos, con 51.8%. Después, los jueces, los fiscales, los síndicos, los Presidentes de la República, los secretarios de Estado, los policías y los diputados se mueven en un rango que va de 38.1% a 28%.
Los indicadores con peores notas para la República Dominicana, de acuerdo al estudio de la Foreign Policy, son 1)el deterioro progresivo de los servicios públicos, 2)el ascenso de una èlite racionalizada, 3)la violación generalizada de los derechos humanos, 4)un desarrollo económico desnivelado entre grupos, 5)el aumento de la presión demográfica y 6)movimientos masivos de refugiados. Como dominicanos podemos sentirnos heridos, legítimamente, por esta clasificación, pero no podemos negar que estos son grandes y graves problemas que deterioran nuestra vida en sociedad y que influyen para que nuestro Estado parezca cada día más ausente.
Mi parecer es que una rasgadura de la vestidura y una jerarquizaciòn de cierto tipo de patriotismo propio del siglo XVIII carecen de sentido como reacción ante estos señalamientos. Deberíamos, por el contrario, mirar el contorno de nuestra sociedad, examinar las fallas que nos imputan y entonces determinar qué podemos enmendar, qué podemos cambiar, qué prácticas debemos abandonar. Porque, después de todo, hace años que las encuestas Demos nos venían presentando un retrato parecido.
