El poema más emblemático de Pedro Mir presume que nuestro país está ubicado en el mismo trayecto del sol. Lo cierto es que también estamos en el trayecto de los huracanes.
Cada año, desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre, en el marco de la temporada ciclónica, aumenta, de manera significativa, nuestro riesgo de enfrentar fenómenos naturales que enrostran los desastres institucionales.
Comienzan con dominicanos que tienen que abandonar sus hogares, en el momento que uno más desea estar en su casa, ante el riesgo inminente de un ciclón o de una tormenta, debido a que carecen de viviendas dignas.
De acuerdo a la ONE, el déficit habitacional total en República Dominicana supera 2 millones de hogares. Pero, el problema no es sólo las que faltan, sino que, de las existentes, muchas están en pésimas condiciones.
Investigadores adscritos a la campaña Casa Ya y “Uno para todos y todas por el uno”, revelan la urgencia de que los dominicanos tengan viviendas dignas.
Señalan que 320 mil viviendas deben ser demolidas por el mal estado del material de construcción. Un millón 196 mil 764 no poseen uno o más de los servicios básicos. Cerca de 99 mil viviendas tienen piso de tierra. El 15% de los hogares comparten su baño con otras familias.
Las calles del 19% de viviendas urbanas (más de 752 mil) no están asfaltadas. El 21% de las familias viven hacinadas, es decir, hay más de dos personas por habitación. 106 mil (4%) no tienen dormitorios. Más de 17 mil tienen déficit en la estructura de la vivienda y tienen familiares arrimados.
Y aunque en la cultura dominicana tener un techo propio es un sueño, tener una vivienda digna es un derecho, y así lo recoge la Constitución en el artículo 59.
Sin embargo, pese a que el gobierno ha realizado proyectos habitacionales importantes como La Barquita y Ciudad Juan Bosch, es terrible y contradictorio que la tendencia de la inversión vivienda ha disminuido, del 0.06% del PIB entre 2008 y 2016 a apenas un 0.03% en 2017.
¿Cómo se solucionará, entonces, el problema de la vivienda? No se puede descansar en el sector privado y sus requisitos, para préstamos y financiamientos, que descalifican, de entrada, a la gran mayoría de la población, pues recordemos que aquí el 67% de los empleados gana menos de 15 mil pesos.

El Estado tiene una obligación y debe cumplirla. La campaña “Uno para todas, todos por el uno”propone destinar el 1% del PIB, la mitad del 2,2% que el Gobierno malgasta en corrupción, propaganda y entidades duplicadas, durante 10 años a inversión en vivienda. Con ello se solucionaría las precarias condiciones de vivienda que sufre el 70% de la población.
Con mejores viviendas, podemos tener un país más preparado. Ojalá lo entendamos antes de que llegue el próximo huracán.