POR DIEGO PESQUEIRA Y TANIA HIDALGO
El ex director y fundador del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA), Justo Pedro Castellanos Khouri, afirmó que la lucha en el país contra ese flagelo está estancada, porque jueces y fiscales andan por caminos diferentes.

Explicó que esta situación se hace evidente cuando jueces y fiscales, en sus máximas categorías y a nivel inferior, se culpan unos a otros ante la falta de sanciones en los casos de corrupción.

“Pero la justicia dominicana y específicamente lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, no puede avanzar, si tanto el Ministerio Público, en particular el DPCA, como en el caso de los jueces no accionan en el mismo sentido, y es obvio que no lo han hecho, y algo está pasando que los resultados que cada cual dicen esperar no se están viendo. Van por caminos diferentes, no se han encontrado en su accionar”, dijo.

A juicio de Castellanos Khouri, la falta de sanciones contra los acusados de corrupción es lo que hace pensar a la población que no se ha hecho nada para corregir la situación.

El ex director del DPCA también consideró que las sentencias que se han producido en los casos de corrupción “ciertamente han desorientado a un sector importante de la población”.

“Uno espera, y en mi caso que pasé por esa función, que aquellos que hicieron un mal uso de las funciones públicas cumplan con las sanciones que las leyes dominicanas prevé para esas malas actuaciones”, refirió.

Sin embargo, lamentó que lo que se observa es que esos deseos no han sido satisfechos, por lo se debe ver qué es lo que ha pasado en esos casos.

Entiende que los reclamos del actual director del DPCA, Octavio Líster, en el sentido de que haya más sanciones contra los corruptos, deben ser atendidos.

No obstante, el jurista sostiene que también tiene razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, al exigir que los expedientes sean preparados adecuadamente.

“Entonces, yo pienso que esa queja del director del Departamento de Prevención de la Corrupción hay que atenderla. Al doctor Líster no se le conoce como una persona irresponsable, sí él se ha quejado en esos términos hay algo que lo ha movido para hacerlo. Esas quejas hay que atenderlas y hay que buscar mecanismo de coordinación, si es necesario, para que en el futuro las acciones del Ministerio Público sean más satisfechas por los jueces”, precisó.

Pero del otro lado, dijo que los jueces encabezados por Subero Isa, “un funcionario que se le reconoce responsabilidad”, ha dado su versión de los hechos “y ha dicho que los expedientes no han estado lo debidamente sustentados que debían estar para que se produjeran las sentencias que uno esperaba”.

ESTANCAMIENTO

Todo esto, precisó, da una señal de que hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción, “que ciertamente produce una mala impresión en la ciudadanía”.

Se quejó de que la única reacción que recibe la ciudadanía es de desaliento. “Sea la razón que sea; que el expediente está mal instrumentado o que los jueces han tenido una actitud irresponsable o negligente, la realidad es que no hay sanción”, sostuvo.

Manifestó que la sociedad percibe que los esfuerzos que se han estado haciendo no están logrando los objetivos que se pretende “y eso, obviamente, no es bueno, sobre todo en sociedades como la nuestra en las que hay mucho descreimiento en relación a la lucha contra la corrupción”.

Dijo que cuando se producen situaciones como las vividas en el sistema judicial, específicamente, en los casos de corrupción, se profundiza la sensación de que no se puede hacer nada contra los corruptos.

ALGO ANDA MAL

El ex funcionario reconoce la responsabilidad y vocación que tienen ambos sectores de hacer bien las cosas, por lo que respaldó que se atiendan, tanto las quejas de Líster como las peticiones del presidente de la Suprema Corte.

AVANCES SECTOR JUSTICIA

No obstante, Castellanos Khouri elogió los avances alcanzados por el Poder Judicial durante los últimos años.

Dijo que nadie puede dudar de que existe en el país una administración de justicia muy diferente a la implementada ocho o diez años atrás.

“La justicia dominicana, yo he dicho en otras ocasiones, ha vivido, a mi juicio, una autentica revolución. Es una nueva justicia, aunque obviamente siguen habiendo problemas, deficiencias e insatisfacciones y uno no puede esperar que un país como éste, en el que tradicionalmente la institucionalidad ha sido débil, particularmente en el sector justicia, esto funcione a las mil maravillas”, precisó el actual vicerrector académico de la Universidad Apec.

Refirió que hasta cierto punto son atendibles las quejas que todavía se producen en el quehacer de los jueces dominicanos.

Empero, resaltó la preparación, honestidad y responsabilidad de los nuevos jueces, así como del Ministerio Público.

Código Procesal Penal

Al evaluar los dos años de implementación del Código Procesal Penal, coincidió con otras instituciones como el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia y el CONAJ, en el sentido de que la puesta en marcha de esta legislación ha sido positiva, tras indicar que la sociedad dominicana tiene la oportunidad de un proceso penal mucho más democrático y moderno que garantiza los derechos de todos los ciudadanos. No obstante, reconoció que hay algunos aspectos a mejorar.

VICERRECTOR

Por otro lado, el académico dijo que desde esta posición ha podido continuar contribuyendo con el sector justicia, a través de la firma de convenios con diversas instituciones,  entre ellas, la Escuela del Ministerio Público.

Explicó que esto ha permitido que personal del Ministerio Público, específicamente, de los que forman parte del “Programa Extraordinario de Formación (PEF)”, reciban docencia en las aulas de la Universidad APEC.

“De manera que, desde aquí, hemos tenido la oportunidad de continuar participando con este proceso que desarrolla de manera exitosa y trascendente la Escuela Nacional del Ministerio Público”, puntualizó.

DECLARACIONES JURADAS

En otro orden, el ex funcionario saludó la decisión de la Cámara de Cuentas con relación a la declaración jurada de bienes.

“Yo creo que es muy saludable, es muy útil a la institucionalidad del país que la Cámara de Cuentas se involucre en lo que tiene que ver con la evaluación de las declaraciones juradas que hacen los funcionarios”, consideró.

Recordó que cuando estuvo al frente del DPCA informaba al país, cada tres meses, cuántas declaraciones se habían hecho,  quiénes faltaban por hacerlas, incluso, con nombres y apellidos.

Refirió que les recomendó a los incumbentes subsiguientes continuar con esa práctica de informar quiénes no cumplen con la Ley, sin importar a cuál Poder del Estado pertenezca.

“Está comprobado que es un mecanismo de combatir la corrupción administrativa, porque a nadie le gusta aparecer ante la opinión pública incumpliendo con la Ley”, puntualizó.

Reconoció el esfuerzo que hacen las actuales autoridades en ese sentido, al tiempo de recordar que cuando era director del DPCA sometió un proyecto de Ley al Congreso Nacional que todavía no se ha aprobado, en el que se establecen mayores controles y mayores sanciones para los incumplidores.

Vaticinó que cuando ese proyecto se convierta en Ley la lucha contra la corrupción dará un “vuelco fundamental”, ya que el mismo provee herramientas que contribuyen a fortalecer la lucha contra la corrupción.

Dijo que tanto la Cámara de Cuentas como el DPCA, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional deben aunar esfuerzos en ese sentido para mejorar la legislación dominicana.

La Ley 82-79, del 16 de diciembre del 1979, obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante un notario público de los bienes que constituyen al momento de asumir el cargo de su patrimonio.

En lo adelante, los funcionarios deberán hacer su declaración jurada, mediante el nuevo “Sistema Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Bienes” y el formulario diseñado y administrado electrónica y digitalmente a través de la página de Internet habilitada para estos fines por la Tesorería Nacional y el DPCA.