Gastos.  Las limitaciones cortan las alas a las pesquisas, implican erogaciones en el equipo investigativo de la DPCA; viajar al interior, pagar los viáticos, que no siempre pueden costear antes de agotar su caja chica.

MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO 
 m.isa@hoy.com.do / e.pichardo@hoy.com.do

Como el Atlas mitológico encorvado bajo el peso del mundo, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) carga sobre sus hombros el fardo insostenible de sus nuevas funciones: la persecución del peculado en la administración pública, sin ser dotada de independencia ni capacidad operativa. Magna tarea en una de las naciones más corruptas de América Latina, en  un país donde ese cáncer hace metástasis, en tiempos en que el narcotráfico y el lavado de dinero buscan impunidad, y aspiran enquistarse en las instancias de poder. 

Ingente labor capaz de derribar propósitos y voluntades, al carecer de los medios indispensables para un desempeño  eficiente, de los recursos humanos y financieros, del apoyo logístico mínimamente requerido para investigar y litigar en los tribunales los casos que le denuncian o le envía la Cámara de Cuentas.  

Estatutariamente la DPCA fue reformulada para que, conforme al decreto 324-07 del 3 de julio de 2007, de entidad preventiva pasara a ser un organismo especializado con jurisdicción nacional para el manejo de la investigación, persecución, presentación y sostenimiento de la acción penal pública en los hechos que involucren corrupción administrativa. Un paso de avance, pero la reestructuración del antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), no tocó lo medular, desvincular a la DPCA del Poder Ejecutivo.

La medida, una de tantas reformas “de papel” que proliferan en los abultados planes de modernización del Estado y en la lucha anticorrupción creando comisiones y subcomisiones que aumentan la burocracia y propician el clientelismo, se dispuso hace siete meses. Y al momento, la DPCA, adscrita a la Procuraduría,  tiene severas limitaciones financieras para combatir la corrupción: un presupuesto de RD$30.2 millones en 2007, RD$2.5 millones mensuales, monto global del sueldo de tres altos funcionarios del Estado. Un personal especializado, muy reducido para sus ampliadas y delicadas atribuciones: 8 fiscales, 2 abogadas investigadoras judiciales, 3 oficiales de investigación y 3 auditores judiciales. Dieciséis personas para todas las investigaciones, para todo el país, para develar la corrupción  escondida bajo siete candados.

No extrañan los pírricos resultados: 17 sometimientos. Cinco por año, y no todos debidamente sustentados para que  sean aceptados en los tribunales. Sorprendentemente pocos. Como si estuviéramos en Suecia o en Noruega y no en un país, que según el último Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), ocupa el puesto 21 de 32 naciones latinoamericanas, manteniéndose entre las más corruptas.

De agosto de 2004 a febrero de 2008  sometieron a la DPCA 202 casos de denuncias de corrupción, de los que han  archivado 92, declinado 11 y sobreseídos 4. Junto a los 107 expedientes recibidos de la pasada administración, totalizan 309.

“Los 17 sometidos están en la justicia y hay otros en investigación y en la fase secreta de la investigación”, apunta el director del organismo, Octavio Líster, aclarando que los archivados fueron investigados, pero el sometimiento no procedía porque lo denunciado no ocurrió, o por insuficiencia de pruebas y  anónimos con fines de retaliación.

Maniatados.    Líster defiende la independencia  de la DPCA, “ni una sola llamada”, “ninguna orden” desde las esferas gubernamentales, pero se estima que no necesitan “bajarles líneas”, porque las denuncias se desactivan manteniéndolos maniatados, inhabilitando los expedientes para los tribunales. 

La DPCA ha estado restringida por estrecheces paralizantes desde su creación en 1997,  clara señal de que es pura retórica el Plan de Lucha contra la Corrupción proclamado con bombos y platillos. Sus ingresos los absorben los 27 empleados y otras erogaciones fijas,  manejándose en el día a día con una caja chica que no excede los RD$25,000 mensuales, muy inferior a lo que en viáticos e incentivos recibe un funcionario estatal. Casi lo mismo que lo asignado a Líster para combustibles y otros gastos, RD$21,000 al mes adicionales a su salario de RD$145,000, y con los descuentos RD$135,004.02.

En 2008 esperan agilizar sus operaciones con un fondo de avance entre RD$200 mil y RD$300 mil mensuales. “Pero eso no es para comprar una camioneta”, aclara, al señalársele el déficit de vehículos para el equipo investigativo. Aparte de tres carros al servicio de Líster,  y otros  dos funcionarios, disponen de una camioneta, en reparación, una yipeta y un motor.  “Es lo que tenemos para las  investigaciones y para todo”.

¿Y cómo investigan? Para cualquier cosa -dice- hay que hacer una requisición y esperar que el  Departamento de Compras lo disponga. Ahora, ese fondo de avance  permitirá resolver cosas, agilizar, no es posible que si ellos van, por ejemplo, a Montecristi, tengan que pagar los viáticos para que luego se los reembolsen. Un tramite lógico, porque hay controles internos”.

De  DEPRECO a DPCA.   Ese cambio no es una simple denominación ni más de lo mismo, dice Líster, y agrega: Al tener jurisdicción nacional y en todos los tribunales, nos da el control de todos los casos de corrupción del país, naturalmente, siempre que los fiscales nos informen, porque para el informe anual les pedimos que nos remitan  los casos de corrupción en su jurisdicción, pero casi la mitad de los fiscales del país, de las 34 jurisdicciones, nos han señalado que  no hay casos de corrupción. Y yo me río, digo: será que ustedes o están con los ojos tapados o no han puesto atención, porque la corrupción se manifiesta en muchas modalidades y  aspectos de la vida nacional.

Sostiene que el personal es competente y tecnológicamente equipado, mientras cita como obstáculos la falta de colaboración de algunas instituciones para suplirles información, la no aprobación del Código Penal, la tradición de impunidad y politización de los procesos.

LAS FRASES

Octavio Líster

Casi la mitad de los fiscales del país nos han señalado que en sus jurisdicciones no hay casos de corrupción”.

Nosotros no recibimos líneas, aquí no se nos baja ningún tipo de órdenes  para que actuemos de tal o cual manera”.

Es dañino  cuando un funcionario detecta una irregularidad y lo que hace es pedir la renuncia al empleado o cancelarlo”.

 No sólo debe hacer eso,  debe   informarnos para investigarlo y someterlo a la justicia”.

ANTECEDENTES

Casos sometidos por la DPCA

–Plan Renove,  (2004).     Víctor Céspedes, ex Procurador, invernaderos (2005).

–Bonos soberanos de la CDE (César Sánchez).  Turbinas  FAD. Cheques pagados por la OMSA a Breica, Félix Alcántara, ex director ejecutivo de la CREP (2006).

–Departamento de Pensiones y Jubilaciones de Hacienda,  Instituto  de la Aguja (2007) y otros.