«La normativa procesal penal establece que el colaborardor eficaz cuando colabora en un caso la consecuencia es la apliación de un criterio de oportunidad». La aseveración es del catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), John Garrido, quien aseguró este martes que el Ministerio Público no cumplió con lo establecido en la ley contra uno de los principales imputados del caso Antipulpo, Francisco Pagán.

Pagán, exdirector de la Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), fue condenado a cinco años de prisión tres de estos en modalidad suspendida por su implicación en el caso de supuesta corrupción administrativa.

Sobre el particular, Garrido, que también fue fiscal asistente en el Distrito Nacional, explicó que dicho criterio de oportunidad significa en materia penal que «se retiran los cargos, los hechos y la imputaciones», basado en el artículo 272 del Código Procesal Penal.

«En el caso del señor Pagán, el Ministerio Público o lo engañó o él se dejó engañar porque le aplicaron un penal abreviado. Y las consecuencias de su colaboración, conforme al artículo 727 es que había que retirar los cargos», acotó el abogado, quien fue entrevistado en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Zol 106.5 FM.

En ese sentido, Garrido entiende que lo que sucedió con el exfuncionario representa un mal precedente grave y peligroso.

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Además, consideró que la administración de justicia dominicana «es un desastre», debido a que, según su criterio, no se apega a lo que establecen las leyes.

«En un penal abreviado es con el Ministerio Público, no con el juez. Y entonces el Ministerio Público y el imputado debe presentarse al juez para desahogar y no se desahogaron pruebas, siemplemente se homologó», criticó Garrido.

Se recuerda que Pagán llegó a un acuerdo con el órgano acusador y se declaró culpable.

“Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento, y dos procedimientos penales abreviados”, había dicho Wilson Camacho, fiscal adjunto del caso.

Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, reveló que el propio exfuncionario reconoció su estado de quiebra en los interrogatorios en los que declaró en presencia de su abogado, Carlos Salcedo. Tenía múltiples demandas por girar cheques sin fondos, le habían ejecutado dos hipotecas de su casa y una finca de limones ubicada en Monte Plata.

Insistió en que antes de llegar a la Oisoe, la situación económica de Pagán Rodríguez “era muy precaria” y que el Ministerio Público acumula tanta información de sus ilícitos penales que podría escribir una biografía sobre el imputado que hoy exhibe un apartamento de 450,000 dólares en la torre Alco Paradisso en forma directa y otro a través del contratista Máximo Suárez Baba.

Pagán Rodríguez, que recibía hasta cuatro veces a la semana al imputado Juan Alexis Medina Sánchez en la Oisoe, terminó su gestión además con una finca de 3,000 tareas en la región sur del país, así como vehículos de lujo.