El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumó a la ola de repudios desatada por la crisis electoral en Guatemala e instó a las instituciones en el país a que respeten los derechos del pueblo.

En un comunicado dado a conocer este sábado, el funcionario de la ONU señaló que sigue “con gran preocupación” las tensiones electorales en el país -desatadas tras la primera ronda del 25 de junio- y resaltó que los Estados miembro “son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres, justas, libres de intimidación y coerción”.

Por tanto, continuó, deben respetarse los derechos de los ciudadanos, “incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de su voluntad”.

La condena de Guterres se dio en medio de las maniobras que el Ejecutivo de Alejandro Giammattei ordenó a la Fiscalía y al Poder Judicial, con las que busca inhabilitar al partido opositor Semilla y a su candidato Bernardo Arévalo de León de cara a su participación en el balotaje del 20 de agosto en el que se medirá con la ex primera dama Sandra Torres.

Como parte de su estrategia, el Ministerio Público ha ordenado una serie de allanamientos e investigaciones por causas penales contra el Movimiento y el Tribunal Supremo Electoral, considerados una persecución política pero defendidos por el Ejecutivo como parte de su “deber de determinar la posible comisión de un delito y sus responsables, conforme a sus acciones legales y el mandato constitucional”.

Es por ello que la nota de la ONU concluye diciendo que “el Secretario General recuerda que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente”.

A la par de Guterres, este sábado se pronunció al respecto la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión electoral estuvo presente en el país el pasado junio y descartó fraude o irregularidades.

Los funcionarios advirtieron que “la persecución política a funcionarios públicos y militantes” de Semilla, por parte del Ministerio Público y la Justicia, supone un quebrantamiento de las “garantías mínimas de los ciudadanos”, lo que “podría constituir graves violaciones a los derechos fundamentales consagrados en la legislación nacional, la Constitución de la República y los instrumentos internacionales”.

También emitió su condena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que pidió evitar “injerencias indebidas” en los comicios y señaló una “falta de independencia” del Ministerio Público y la Fiscalía.

El intento de suspensión del Movimiento Semilla va “en contravención con la propia legislación” de Guatemala, agregó a continuación.

Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea también fueron tajantes con las acciones de Giammattei y apuntaron contra su intento por sabotear los comicios que lo sacarían del poder.

“Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los Gobiernos autoritarios, no sólo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua, forma parte del manual de las dictaduras”, comentó un alto funcionario de la Casa Blanca y adelantó que Washington está “preparado” para usar todas sus herramientas para “defender al pueblo guatemalteco”.

En tanto, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea expresó su “máxima preocupación por las acciones iniciadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que resultaron en órdenes de captura contra el subdirector del Registro Ciudadano y miembro del partido político Semilla, así como un registro de las oficinas del TSE”.

No obstante, en medio de este clima de tensión e incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó este viernes que el balotaje sigue en pie para la fecha pactada, el 20 de agosto, y que se disputará entre Arévalo de León y Torres, tal como quedó manifestado en el recuento de votos de la primera vuelta.

El máximo tribunal desestimó así las decisiones “aludidas” por “orden penal” por parte del Ministerio Público ya que considera que “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” ya iniciado. Por otro lado, sostuvo que la suspensión de la personalidad jurídica de un partido en este momento influiría en el “desarrollo del proceso electoral”.