El ex secretario de la Junta Central Electoral militó en la izquierda durante varias décadas, y ocupó varios puestos en la UASD, entre ellos secretario general
POR LEONORA RAMÍREZ S.

Su vida está marcada por la crítica al sistema político, a la injusticia y la corrupción, y en muchas de las ocasiones en que cuestionó acciones que consideró dolosas tuvo como respuesta la destitución del cargo que ocupaba.

Por eso a Antonio Lockward Artiles, ex secretario de la Junta Central Electoral (JCE), no le sorprende su cancelación de ese organismo por haber denunciado supuestas irregularidades en la aplicación del contrato con la empresa Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), la cual tiene la responsabilidad de automatizar el registro civil y electoral e implementar el voto electrónico.

No significa que su sensibilidad no haya sido herida, “pero como no soy un come cheques en menos de una semana organicé mi oficina de abogados, porque yo soy experto en Derecho colectivo de trabajo”.

El maremagnum provocado por Lockward Artiles, en el fragor de la selección de los nuevos jueces de la JCE, tiene el sustento de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, entidad que el 31 de julio del 2006 entregó una auditoría sobre el contrato con SOMO, en la cual se expresa que no se sometió un presupuesto para la ejecución del proyecto, ni se envió el préstamo al Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación.

Asimismo, que tampoco ha habido un cabal cumplimiento de las propuestas sometidas por esa compañía,  pues esta no ha logrado el financiamiento del proyecto, la ejecución del mismo presenta retrasos, y no todas las entidades que formaban parte de la misma están prestando sus servicios.

De acuerdo con Lockward Artiles, al pleno del organismo comicial se le dijo que ese contrato era un desastre, pero aún así el 11 de agosto de este año se aprobó darle a SOMO una partida de U$5,000,000, en adición a otras anteriores.

Las denuncias del ex funcionario iban dirigidas además al juez Roberto Rosario, cuya posterior designación como presidente de la Cámara Administrativa del referido organismo la consideró como “un crimen” porque éste, según él, es el principal implicado en las irregularidades de SOMO.

Aunque él admitió que tenía detalles de las supuestas irregularidades desde hacía varios meses, hizo las críticas en el momento que consideró oportuno, cuando ya tenía en sus manos la auditoría de la Cámara de Cuentas.

DE SEMINARISTA A POLITICO

Este hombre de 63 años, que a los 17 ya era seminarista, que fue torturado con descargas eléctricas en la cárcel La 40, porque lo confundieron con un hermano desafecto al régimen de Rafael Leonidas Trujillo, que se opuso al Triunvirato y participó en la revolución de abril de 1965, no le teme a las adversidades porque en su vida ha habido  más de una.

La primera de esas ocurrió el 12 de septiembre de 1959, cuando miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) lo apresaron en su casa, ubicada en la calle 19 de Marzo esquina Salomé Ureña, en la Zona Colonial, para trasladarlo a  un lugar denominado Granja Jacqueline, pero que se conocía como La 40, el principal centro de tortura durante la tiranía trujillista.

Lockward Artiles todavía recuerda esos episodios, y hasta el nombre que tenía el bastón con que le daban descargas eléctricas…nunca olvidará ese “Hot Shock” que los verdugos pegaban a su cuerpo.

Pero si desagradable fue esa experiencia, peor aún el encierro al que lo sometieron durante nueve meses en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, de donde no podía salir por órdenes de Trujillo.

En ese período se atrevió a decirles a sus superiores que ellos favorecían al régimen, porque no apoyaban a los seminaristas contrarios a Trujillo, entre ellos Luis Díaz, alias Papilín, a quien asesinaron en el referido centro de tortura.

Ahí terminó su vocación de sacerdote.

DOS DESTITUCIONES EN LA JCE

Los problemas de Lockward Artiles en la JCE no comenzaron con sus críticas a la empresa SOMO, sino que se originaron en el 2003 cuando denunció que falsificaron su firma en un documento en el que se consignaba la composición del Comité Central del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y que serviría para la organización de las primarias de ese partido, de cara a las elecciones presidenciales del 2004.

En la ocasión expresó también que Mayra Morel, la hija de Ramón Morel Cerda, ex presidente de la JCE, asumía funciones que no le competían. Por decisión de Morel Cerda fue suspendido del cargo, aunque el 5 de junio del 2003 el pleno de la JCE revocó la medida por entender que el presidente de la JCE no tiene potestad para destituir al secretario de ese organismo.

Pero la suerte no le tendió la mano esta vez, ya que el 7 de diciembre del 2006 el pleno del tribunal electoral dejó sin efecto el nombramiento que lo amparaba como secretario general de la JCE.

Pero antes de ese final, y según la versión de Lockward Artiles, a él se le impidió participar en las reuniones plenarias, y en su defecto designaron a Ana Teresa Smesters, su suplente.

“A partir de ahí el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, me trató como un enemigo, no me permitió entrar en su despacho, porque en la JCE el secretario tiene derecho a voz, pero si habla lo cancelan”.

El 5 de diciembre de este año el ex funcionario fue  interrogado por el  Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), sobre las irregularidades que públicamente  había denunciado.

En tal sentido, Julios César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, anunció el día 8 del mismo mes que contratarían a una firma extranjera para realizarle otra auditoría al contrato con SOMO, y que la destitución de Lockward fue dura y dramática por tratarse de una figura histórica, “pero su actitud frente a uno de los magistrados hacía imposible su permanencia en el organismo”.

LA MISMA ACTITUD CRÍTICA EN LA UASD

De 1969 a 1987 Lockward Artiles fungió como profesor del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de 1972 a 1976 fue director del Departamento de Extensión Cultural y Acción Social de la misma.

Asimismo, de 1976 a 1980 ocupó el puesto de secretario general, y Decano de la Facultad de Humanidades de 1981 a 1987.

Pero mientras se desempeñó como secretario general informó que los terrenos de Engombe, donde funciona la Facultad de Agronomía y Veterinaria, eran vendidos a precio vil.

Esa denuncia provocó tres claustros universitarios y la creación de una comisión investigadora, que no  ofreció ningún resultado sobre la denuncia. Posteriormente Lockward Artiles fue destituido del puesto.

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

De 1983 a 1985 se desempeñó como asesor jurídico del  Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (SITRACODE), de 1987 al 2000 era el abogado de las Agencias Navieras B/R, de 1999 al 2000 consultor jurídico de la JCE, y en el 2000 abogado ayudante del Procurador General de la República.

En materia intelectual publicó las obras Hotel Cosmos, Espíritu Intranquilo, Bordeando el Río, Los Problemas del  Ferrocarril Central, Se me muere Rebeca, Yo canto al tanque de lastre del Regina Express, Prisioneros del claustro, Romper el cerco y  Madame Saga.

OTROS DETALLES DE LA AUDITORIA

Según el contrato, SOMO gestionaría fondos en bancos internacionales para ejecutar el proyecto porque la JCE no disponía de los mismos, por lo que ofreció en la licitación conseguir US$58,659,035.

Sin embargo, la empresa representada por Daniel Bodden Tejada no obtuvo el empréstito internacional, “por lo que se recurrió a la solidaridad del Presidente de la República, quien solicitó al Banco de Reservas para que facilitara un préstamo de US$35,000,000 para que se iniciara el proceso de modernización”, refiere la Cámara de Cuentas en su informe.

El 24 de junio del 2005 se concedió el financiamiento, con la condición de que tan pronto el crédito internacional se otorgue, el referido préstamo sería saldado, pero mientras tanto los pagos se deducirían del presupuesto de la JCE a través de la Tesorería Nacional.

De acuerdo con las declaraciones de Lockward Artiles ese préstamo lo gestionó el juez Rosarios. Según las observaciones de la auditoría con esa negociación se violó la Ley 531 sobre Presupuesto, y la Constitución de la República en su artículo 10.

“La JCE en los períodos 2004 y 2005 gestionó compromisos internacionales sin canalizarlos por la vía correspondiente, los cuales no fueron sometidos ni aprobados por el Congreso Nacional como lo establece la Constitución de la República, por lo que no contaba con presupuesto ni ahorros suficientes para respaldar y garantizar el éxito del proyecto de automatización, el cual incrementaría costos, dado el aumento no previsto de la tasa de interés local”.

En el informe se detallan otras irregularidades, como la inobservancia de los términos de referencia del contrato, ya que se comprobó que SOMO no ha recibido el financiamiento del 85% del costo total del proyecto de parte del Export Import Bank.

Asimismo, se determinó que  los técnicos que evaluaron a SOMO no habrían advertido que la Sociedad de Ingenieros del Caribe (SOINCA), que forma parte del consorcio, no es una empresa del ramo tecnológico, sino que se dedica a la recogida de basura e instalación de semáforos.

La auditoría también revela que a la empresa Samurai Industria de Productos Electrónicos, de Brasil, que tendría a su cargo la implementación del voto electrónico, se le entregó US$1,000,000.00 aunque luego se decidió su salida del consorcio SOMO.

 “Las autoridades de la JCE comunicaron que SOMO presentó, para el componente del voto electrónico, a las empresas Procomp y Probank, cuyas experiencias y capacidades, tanto técnicas como financieras, superan a la empresa Samurai, la cual se quedará como asesora del proyecto. No aclararon sobre el US$1,000,000”, según la Cámara de Cuentas.

LA VIDA REVOLUCIONARIA

La experiencia como seminarista dejó una marca en Lockward Artiles: su compromiso con los oprimidos y la defensa de los derechos humanos.

Su  plataforma de lucha tuvo varias vertientes, entre ellas el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), en la cual ocupó la secretaría general en 1962.

Por convicción era maoísta, y en los convulsos años de la década de 1960 participó en diferentes congresos internacionales  que realizaba la Unión Internacional de Estudiantes de Izquierda.

Durante la revolución de Abril de 1965 formó parte del Comando Argentina, que estaba integrado por el Frente Cultural de la Zona Constitucionalista.

Pero no solamente abrazó las armas, ya que también era parte del grupo de jóvenes escritores “El Puño y la Isla”, y mantuvo relaciones amistosas con jóvenes haitianos que se oponían al régimen de Francoise Duvalier.

Finalizada la guerra de 1965 se integró al 14 de Junio, y fue de los fundadores de la Unión Patriótica Antiimperialista (UPA), y en 1967 fue asesor jurídico del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, en sustitución de Guido Gil, quien desapareció en 1967.