La Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo revocó el no ha lugar en favor del alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y de otros funcionarios de ese cabildo acusados de malversar más de 400 millones de pesos. Asimismo, dictó auto de apertura a juicio de fondo.

Los jueces admitieron de manera total la acusación del Ministerio Público (MP) por entender que la misma tiene fundamento suficiente para que con probabilidad pueda resultar condenado en un juicio de fondo el grupo al que se acusa de desfalco, coalición de funcionarios, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y prevaricación.

Están en el expediente Fiordaliza Genao, tesorera del ayuntamiento; Jerson Neris Lizardo, encargado de nómina, y Ana Aquino de Lizardo.

En marzo del año pasado el juez Víctor Mejía Lebrón dictó un no ha lugar en el caso argumentando que las pruebas presentadas por el MP y los acusadores particulares no tenían fuerza para enviar a juicio de fondo, pues no probaban que estos hayan cometido los hechos. Luego de esa decisión, el magistrado fue sometido a un juicio disciplinario que aún no concluye.

Ayer, los jueces de la Corte primero declararon ha lugar la apelación a esa decisión que sometió la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y acogió todas las pruebas presentadas, entre las que se incluye una auditoría de la Cámara de Cuentas.

Rodríguez Grullón agota su tercer período consecutivo como alcalde de SFM y ahora aspira a diputado.

Entre las tantas maniobras en la administración de ese cabildo se le atribuye otorgar obras sin concurso público; contratos a compañías que no establecieron garantías mediante pólizas; sobrevaluación a las cuentas en el 2011 por un monto de 12.5 millones; pagos duplicados a empleados en colaboración con Lizardo, encargado de nómina; realizar pagos por alquiler de equipos sin que exista soporte o contrato; fraude electrónico a la nómina del personal del ayuntamiento por un monto de 25.8 millones de pesos; sobrevaluación y desfalco de nueve obras; contacto con terceros para sustraer fondos de la nómina.

Los magistrados Manuel Pérez, Daisy Montás y Saulo Ysabel rechazaron la variación de medida de coerción y mantuvieron el estado de libertad a los imputados.