SAN JUAN.Nuevas medidas de austeridad se ciernen sobre Puerto Rico, luego de que los legisladores locales se negaron ayer a cambiar leyes laborales de la isla como lo había ordenado una junta federal de control con fin de estimular economía.
La junta encargada de supervisar las finanzas de la isla dijo que eliminará un fondo de US 25 millones en becas para la universidad pública más grande de Puerto Rico, además de un fondo anual de 50 millones para las municipalidades y ciudades que siguen sufriendo los estragos ocasionados por huracán María. Asimismo, dijo que suspenderá una bonificación navideña anual para los empleados del gobierno, a partir del próximo año fiscal.
Las medidas son un golpe para el gobernador Ricardo Rosselló, quien había prometido que los legisladores puertorriqueños aceptarían una medida para que las empresas privadas pudieran despedir a empleados en cualquier momento sin tener que probar causa justa.
Rosselló exhortó a la junta y a los legisladores a llegar a un acuerdo y tomar decisiones «prudentes». Los miembros de la junta han dicho que cambiar las leyes laborales atraería inversiones para la isla, la cual lleva 11 años sumida en recesión e intenta reestructurar una porción de su deuda pública de US 70,000 millones y carga con pasivos de US 50,000 millones en pensiones.
«Las decisiones tomadas por décadas nos han llevado a este punto», dijo Ana Matosantos, miembro de la junta. «Se necesitan profundos recortes a programas, servicios y a la deuda, así como a aumentar ingresos, reformar infraestructura crítica, modernizar estructuras obsoletas del gobierno y eliminar barreras a la creación de empleos… Estas decisiones difíciles no son culpa de la junta, o del gobierno. Son resultado de décadas de negligencia y mala gestión financiera».