POR LUIS M. CÁRDENAS
El gobierno anunció anoche varias medidas dirigidas  a combatir la ola de violencia y actos de delincuencias, entre las que se encuentran la prohibición provisional de la importación de armas de fuego y municiones, estableció horarios para la venta de bebidas alcohólicas y dispuso la designación de 14 mil nuevos agentes policiales para aumentar el patrullaje en todas las ciudades del país.

Las medidas fueron anunciadas poco después de concluir el Consejo de Gobierno Ampliado convocado por el Presidente de la República para escuchar los pareceres de funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil sobre las causas de la delincuencia y sobre la manera de combatirla. El Consejo fue presidido por el doctor Leonel Fernández.

Otras medidas anunciadas  por el Palacio Nacional son el control de consumo de bebidas alcohólicas en los vehículos y el encargo a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) de la ubicación e identificación de los puestos de distribución de drogas en todo el país.

La  venta de bebidas alcohólicas será controlada en los colmadones, discotecas, bares, casinos y otros centros de diversión. Estos negocios solo podrán permanecer abiertos hasta las 12 de la noche los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Los viernes y sábados podrán permanecer abiertos hasta las dos de la madrugada.

Instruyó a los Cuerpos de Bomberos de las comunidades la aplicación  y verificación de las medidas de seguridad en los establecimientos públicos y de recreación.

Asimismo, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los vehículos y se cancelará la licencia de conducir a todos los conductores que tengan bebidas alcohólicas dentro del vehículo.

Asimismo, el mandatario anunció la prohibición  de la importación temporal de todo tipo de armas y municiones fulminantes, se decomisarán las armas de fuego de origen ilegal, sometiendo a los responsables a los tribunales.

Asimismo, serán destruidas las armas de fuego de marca, serie y referencia ilegibles, así como serán controladas las armerías para ajustar a la ley la venta de armas y municiones a personas debidamente autorizadas.

Al concluir el Consejo de Gobierno se anunció una mayor coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para incautaciones autorizadas de armas de fuego, erradicación de entrega de armas a la población civil con formularios 25 u otros permisos.

Se dispuso un patrullaje mixto de policías y miembros de las Fuerzas Armadas en horas de la noche, reestructurar el organigrama de la Policía, construcción y adecuación de recintos policiales por zonas y centros.

Fernández anunció, además un rediseño del control fronterizo, aplicando acciones preventivas y de vigilancia electrónica, aérea, marítima y terrestre.

Se dispondrá un control de motores y en octubre se tendrá diseñada la regularización de la identificación en el uso de motores, placas y licencias de conducir suministradas por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Tránsito Terrestre.

Los cascos, chalecos a los motoristas serán suministrados por el mercado local diferenciándolo por el color según su uso.

Informó que incorporarán 3,000 nuevos policías en la provincia de Santo Domingo, 1,000 en Santiago, así como los policías que brindan servicios en instituciones públicas serán sustituidos por guardia.

Se realizará un examen riguroso a los policías, asimismo, las compañías policiales serán eliminadas, asignarán más motores, jeepetas, creará un mapa digital criminal de la República Dominicana, donde se establecerá la identificación de los focos delincuenciales.

Establecerán un sistema de patrullaje mixto, reclutarán 5,000 policías adicionales y 5,000 auxiliares de policías que trabajarán en el Programa Barrio Seguro y planteó el mejoramiento de los salarios, seguros y planes de estudios para los uniformados.

El presidente Fernández instruyó al director de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) identificar todos los puestos de distribución de drogas en los barrios y comunidades de los diferentes pueblos del país, así como los bancos de distribución.

La información debe ser compartida con la jefatura de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Explicó que el problema del control de las drogas está en el espíritu de la ley 50-88 que busca castigar el tráfico internacional de drogas, y sostuvo que la policía no tiene nada que ver con drogas sino la DNCD.

Manifestó que la persecución, prevención es responsabilidad de la DNCD y el Consejo Nacional de Drogas cuya labor es educativa, prevención, difusión del conocimiento para que la juventud no se vea desviada por la tentación del consumo de drogas.

Sin embargo, advirtió que ahora se requiere una mayor coordinación entre la Policía Nacional, la DNCD y que la Policía no puede estar ajena ni distante al problema de la drogas.

Fernández dijo que la Dirección Nacional de Inteligencia conjuntamente con el M-2, el J-2, los organismos de inteligencias, se coordinarán para identificar los puestos de distribución de drogas y que la información deberá ser compartida por la Policía, la DNCD, quienes deberán actuar en el desmantelamiento de los puestos de distribución de drogas.

Advirtió que esta no es una labor exclusiva de la DNCD sino una labor conjunta y coordinada de los organismos de inteligencia y demás instituciones para que se sienta la acción inmediata en el enfrentamiento del problema.

Expresó que coordinarán en las acciones la DNCD, Policía y el Ministerio Público, lo que llevará a otros elementos sensitivos que ha creado dificultad en la práctica en relación con el desmantelamiento de los puestos de distribución de drogas y al narcotráfico y al crimen en sentido general.

En relación con el área judicial debe procurarse un mecanismo para armonizar los procedimientos existentes entre el ministerio público, los jueces, la policía y la DNCD en el establecimiento de las medidas de coerción en lo que tiene que ver con los allanamientos.

Manifestó que en el país hay un debate en relación con la reforma procesal penal, pero no se ha dicho en que consiste la debilidad, pero que esa polémica no contribuye en nada para enfrentar la crisis.

Considera que hay algunas áreas que deben ser objeto de monitoreo permanente para entender la eficacia con que se lleva a cabo la aplicación del Código y que si se muestran algunos cambios establecer los correctivos.

Entiende que la aplicación del Código de Procedimiento Penal ha debido ser un avance para la República Dominicana, aunque sin embargo, hay áreas que deben ser objeto de observación.

Entre esas áreas citó establecer las estadísticas sobre sentencias de absolución, la libertad provisional bajo fianza,  el rol del juez de la ejecución de la pena porque ha habido 700 casos de la suspensión que no debe ser.

Dijo que se logra identificar los puestos de drogas la policía tendrá que solicitarle al ministerio público para proceder al allanamiento, y éste a un juez para que de la orden, pero que ahora se tienen 70 solicitud retenida durante una semana lo que le da tiempo suficiente a los imputables para que pueda eludirse. Manifestó que lo que trata es producir golpes inmediatos a la delincuencia y al narcotráfico y no se pueden producir dar esos golpes inmediatos si hay impedimentos legales para hacerlo.

El mandatario planteo establecer momentos de emergencia en el que los narcotraficantes y delincuentes sientan el peso de la ley, quienes deben estar permanentemente intranquilos, pero es necesario establecer una coordinación entre el ministerio público, los jueces, la Policía y la DNCD.

La idea es desmantelar los puestos de distribución de drogas y para desmantelarlos se requiere el apoyo del aparato judicial, que en lugar de dilatar el proceso lo que haga es que lo acelere y lo haga viable en el corto plazo.

Decretos

El presidente Leonel Fernández oficializó anoche mediante decreto todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno Ampliado, en el que fueron adoptadas una serie de acciones tendente a enfrentar la ola de violencia y criminalidad que afecta al país.

Mediante el decreto 310-06, el jefe de Estado instruyó a la Secretaría de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que procedan a realizar patrullajes mixtos en todo el territorio nacional, en horario nocturno.

En tanto, el decreto 308-06, establece que a partir de la fecha queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión, a partir de las doce de la noche, durante los días de domingo a jueves, y hasta las dos de la madrugada los sábado y domingo.

El artículo dos establece que la violación a dichas disposiciones podrá dar lugar al cierre temporal, o definitivo del establecimiento que incurra en dicha violación.

Asimismo, instruye a la secretaría de Interior y Policía para que vele por el fiel cumplimiento de dicho decreto.

Mientras que mediante el decreto 309-06, el ejecutivo prohibió la importación de armas de fuego, y sus respectivas municiones para el comercio con particulares, e instruyó a la Secretaría de Interior y Policía, para que además de velar por el cumplimiento a dicha disposición, promueva las acciones que considere pertinentes en caso de incumplimiento.