WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas directrices a fin de que se examinen con más cuidado las solicitudes para traer a cónyuges menores de edad a Estados Unidos, luego de que las estadísticas han mostrado que se han aprobado miles de peticiones de hombres para traer a prometidas niñas y adolescentes.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) afirmó el viernes que estaba actualizando las directrices a los jueces, en las que se subraya que los matrimonios que implican a menores ameritan atención especial.
Deben garantizar que el matrimonio sea legal donde se celebre, y que sea legal en el estado donde vivirán, que sea auténtico y que la persona menor de edad lo haya aceptado libremente.
The Associated Press obtuvo el mes pasado estadísticas que muestran que más de 5.000 adultos presentaron solicitudes en nombre de menores y proporcionan casi 3.000 ejemplos de menores que hicieron lo mismo para traer a esposos o prometidos adultos.
La aprobación de las peticiones es el primero de dos pasos de un proceso para conceder la visa, y el USCIS ya había dicho que ha adoptado medidas para que haya una revisión más exhaustiva de las solicitudes.
Ese tipo de peticiones son legales. La Ley de Inmigración y Nacionalidad no establece requisitos de edad mínima para la persona que presenta la petición, ni para el cónyuge o prometido de esa persona. En contraste, para traer a un padre o madre del extranjero, la persona solicitante debe tener al menos 21 años.
Y cuando sopesa las peticiones, el USCIS se atiene a si el matrimonio es legal en el país del cónyuge o prometida, y después si será legal en el estado donde vive el o la solicitante.
El matrimonio entre adultos y menores no es raro en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el matrimonio de menores con algunas restricciones.
Sin embargo, las estadísticas suscitan dudas en cuanto a si el sistema de inmigración podría estar permitiendo el matrimonio forzado, y si las leyes estadounidenses podrían estar agravando los problemas a pesar de las acciones para restringir los matrimonios forzados y que impliquen a menores de edad.