LA PAZ (AP).- La ciudad de La Paz disfrutaba el domingo de una relativa normalidad luego de las marchas que protagonizaron el fin de semana diversos sectores, en su mayoría campesinos, demandando la nacionalización de los hidrocarburos y ahora la inmediata convocatoria a una asamblea constituyente.

   El partido cocalero Movimiento al Socialismo (MAS) y otras agrupaciones campesinas, además de mineros, maestros estatales, universitarios, y vecinos y sindicatos de la vecina ciudad de El Alto anunciaron que volverán a las marchas por el centro de La Paz desde este lunes.

   En tanto, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, denunció en una entrevista publicada por el matutino paceño La Prensa que las manifestaciones son financiadas por «agrupaciones políticas del sistema político que, de alguna manera, fueron derrotadas en octubre de 2003».

   Aludió así a la revuelta popular de octubre del 2003 de rechazo a la exportación de gas que dejó al menos 60 muertos, y obligó a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la salida del poder de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y de sus aliados circunstanciales Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR).

   Las protestas, esta vez, se iniciaron el 16 de mayo, inicialmente concentradas en la exigencia de que se nacionalice la explotación de hidrocarburos, actualmente en manos de empresas transnacionales.

   Con el correr de los días los manifestantes agregaron nuevas demandas. Incluso algunos dirigentes radicales, como el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, reclaman la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso.

   El líder del MAS, diputado Evo Morales, exige que la asamblea constituyente sea convocada al mismo tiempo en que se trate un proyecto de ley de llamado a un referéndum para la creación de autonomías departamentales (provinciales) que reclaman cuatro de los nueve departamentos bolivianos.

   El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, fijó para el martes la reanudación de las sesiones de ese cuerpo, después de una semana de receso, pese a que las agrupaciones que realizan las marchas y que han bloqueado las carreteras que unen a La Paz con el resto de las capitales departamentales y las fronteras con Chile y Perú, amenazan con tomar la sede de ese poder.

   En tanto, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, informó que continúa dialogando con representantes del gobierno, del Congreso y de los sectores en conflicto en busca de un consenso mínimo para lograr que el Legislativo apruebe simultáneamente las convocatorias al referéndum sobre autonomías y a la asamblea constituyente.

   No está claro, sin embargo, si el reinicio de las sesiones, el martes, tendrá quórum, pues una buena parte de los legisladores, especialmente del departamento de Santa Cruz, el más próspero y el segundo más poblado de Bolivia, han manifestado preocupación porque su seguridad sea puesta en riesgo por los manifestantes.

   Los sectores en protesta han intentado a diario tomar la plaza Murillo, sede del palacio presidencial y del Congreso, por lo que han sido repetidamente dispersados por la policía con la utilización profusa de gases lacrimógenos.

   Aunque el gobierno ha dicho que garantiza la seguridad de todos los congresistas, los legisladores cruceños temen que la muchedumbre intente tomar el palacio legislativo.

   Santa Cruz encabeza a otras regiones del oriente y sur de Bolivia con la exigencia de que el Congreso convoque al referéndum sobre autonomías, pero el MAS y otras organizaciones populares con base en el occidente del país reclaman que se llame simultáneamente a una constituyente, entre otras cosas, para poner límites a la nueva organización que podría salir de aquella consulta.