Hoy 
Los largos y frecuentes apagones de las últimas semanas han afectado y encarecido los servicios de salud que ofrecen los hospitales públicos y las clínicas privadas. Gerentes hospitalarios consultados dijeron que los gastos adicionales en combustibles son altos.
Los apagones no dan tregua a los hospitales y clínicas de Santo Domingo y de todo el país, lo que ha hecho que sus gerentes tengan que buscar recursos extraordinarios para compra de combustible para generadores eléctricos de emergencia.
La situación es insostenible para las clínicas privadas, dijo el presidente de la entidad, doctor Rafael Mena, quien además insistió en que ese sector está prácticamente en la quiebra por los altos gastos en combustible y la situación financiera que atraviesa.
Los hospitales de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) también invierten cuantiosos recursos en combustibles, pero algunos en Santo Domingo pudieron negociar para obtener los llamados circuitos privilegiados.
Sólo el hospital Darío Contreras tiene gastos mensuales superiores al millón de pesos, lo que reduce los recursos de otros servicios, como la nueva emergencia puesta en funcionamiento hace apenas tres meses.
El doctor Héctor Maceo Quezada, director del hospital Darío Contreras, ya no sabe qué hacer para enfrentar la tanda de apagones que pone al sistema del centro cual arbolito navideño.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), la situación se hace insostenible.
El gasto en combustibles se hace incontrolable.
La situación económica, las bajas tarifas que pagan los seguros y los apagones van a terminar con el negocio de las clínicas, previó Mena.
Sin embargo, algunos hospitales, como el Luis Eduardo Aybar, el Francisco Moscoso Puello y el Robert Reid Cabral tienen circuitos privilegiados de Edesur y Edenorte.
En el caso de los hospitales que no tienen un circuito privilegiado, una parte de los recursos que se le entregan por subvención se va en la compra de combustible.
La crisis energética ha puesto en jaque a negocios grandes, empresas pequeñas y medianas.
En barrios y sectores de clase media, sus residentes han sido forzados a responder mediante la reanudación de las protestas contra los apagones, que se prologan hasta por 12 horas.
