Los usuarios del servicio eléctrico continuaron reportando anoche largos apagones,  a pesar de que los fines de semana  el receso de muchas actividades industriales reduce la demanda.

No obstante la extensa cobertura de las quejas, el superintendente de Electricidad,  Francisco Méndez, dijo que este fin de semana el déficit energético se mantenía entre un 20 y un 30%, porque aún están  fuera del sistema las plantas AES-Andrés, la Sultana del Este y las de San Pedro de Macorís.

Déficit financiero

El superintendente aspira  que a partir de enero pueda   aplicarse  la ley que criminaliza el robo de electricidad, algo que en sus proyecciones   pondría  coto al   déficit financiero, constante en el sector eléctrico.

Al comentar la relación directa entre déficits y  apagones,  Méndez se quejó de que el gobierno deja de recaudar  más de RD$700 millones mensuales por robo de energía en  sólo una de las tres distribuidoras, a pesar de la reforma que se hizo a  la Ley de Electricidad  para criminalizar el fraude.

La Ley General de Electricidad (125-01) fue promulgada el 26 de julio de 2001 y  modificada  para criminalizar el fraude en agosto de 2007 (Ley 186-07).

La Superintendencia trata desde hace ocho meses, en una mesa de coordinación,  que esa penalización   sea aplicada a partir de enero próximo, según la aspiración del funcionario.

Dicha mesa es dirigida por la Superintendencia,  e integrada por  la Procuraduría General, las  distribuidoras Edenorte, Edeeste y Edesur, además de la Dirección General de Normas (Digenor). Pero  las distribuidoras,  pioneras en las gestiones hasta  la aprobación de la ley, aún no están preparadas para reunir las pruebas incriminatorias de fraude. Confiesan que  les  faltan por lo menos dos meses para poder arrancar con el “plan que tenemos diseñado”, y  Digenor  carece de recursos para  instalar  los laboratorios de verificación de  medidores que la ley le exige. La  Ley  dispone además crear un  departamento  de Procuraduría Eléctrica, debido que corresponderá  a la  justicia establecer las penalidades al hurto y las irregularidades en que incurran los usuarios del sistema  eléctrico.   

Las claves

1. Los delitos

La Superintendencia de Electricidad ha creado  la tabla homologada de consumo, con la cual se harán las tasaciones, porque la ley   tipifica los delitos en función de la cantidad  de energía sustraída de manera fraudulenta.

2. Las pruebas

El fraude eléctrico  deberá ser documentada con pruebas y llevadas a los tribunales, donde  será  un juez quien va a dictar el veredicto.

3.  La idea es persuadir

 “La idea no es que tranquen a nadie,  sino que sea un disuasivo la aplicación de esta ley”, palabras del superintendente Méndez.