Las causas que motivan el descalabro de un servicio público podrían tener un alto contenido de falta de seriedad. En el caso del pésimo servicio de suministro de electricidad, esa ha sido una constante invariable. Ni siquiera el Estado, como socio que es del sistema por virtud de la capitalización de las empresas públicas, parece en capacidad para hacer que los actores cumplan sus obligaciones ante la nación. Electricidad de altísimo costo y pésima calidad, de molestas intermitencias, es lo único que se le garantiza al comercio, la industria y los hogares de este país.

En el manejo de las cuestiones relacionadas con el sistema eléctrico hay exceso de paternalismo y protección. Por eso son posibles los apagones financieros, los atrasos en los pagos en que incurre el propio Estado, la evasión de pago por parte de usuarios entre los cuales son mayoría los ricos, incapacidad para cobrar la energía servida y para focalizar debidamente el subsidio a los usuarios “carenciados” son algunas  características del sistema eléctrico nacional. Precisamente cuando los precios del petróleo se desploman y con ellos los costos de generación, el país tiene que soportar las peores interrupciones del suministro de electricidad. Parece que la clave de solución estriba en que desde generadores hasta usuarios, pasando por todos los socios del negocio, pongan una pizca de seriedad en este asunto.

Puntos críticos de la reforma

La tendencia moderna en las democracias es descentralizar poderes, de manera que la toma de decisiones sea más incluyente. En el caso nuestro la tendencia es diferente, pues en el proyecto de reforma constitucional sometido al Congreso, las facultades del  Presidente de la República continúan  siendo abrumadoras, en algunos casos en perjuicio de otros poderes del Estado.

Aunque ha sido objeto de crítica el desbordante poder el Presidente de la República, en el nuevo proyecto de reforma constitucional queda demostrado que no hay vocación por desmontar el espíritu presidencialista del ejercicio del poder y que se desecha la oportunidad de dotar al país de un sistema más participativo en la toma de decisiones. Los legisladores tienen ante el país la responsabilidad de realizar los cambios necesarios para una mejor democratización del ejercicio del poder. La oportunidad es propicia para distribuir los poderes de manera más equitativa.