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Para la Alianza por la Democracia la falta de voluntad política de parte de las autoridades nacionales, la inexistencia de un plan de ordenamiento territorial, así como la carencia de políticas de viviendas y de un marco institucional que regule el desarrollo urbano del país, está contribuyendo de manera acelerada a aumentar la marginalización, la desigualdad social y la vulnerabilidad de muchos dominicanos que viven en condiciones deplorables.
Según Carlos Sánchez, secretario general de la APD, las fincas de vocación agrícolas aledañas a las carreteras que entran y salen de las principales ciudades del país, así como terrenos irregulares ubicados dentro de cañadas, ríos y barrancas, se han convertido en las zonas de mayor asentamiento poblacional del país.
Para demostrar lo dicho puso como ejemplo lo que esta sucediendo en la autopista 6 de noviembre a la entrada del municipio Santo Domingo Oeste, donde en los últimos años se han levantado barrios sin ninguna regulación ni servicios. Lo mismo ocurre en la autopista Duarte a la altura de Villa Altagracia y los asentamientos que se realizan todos los días en la margen del Río Isabela en los municipios Santo Domingo Norte y Este.
En apenas 18 años, del 1988 a 2006, el Gran Santo Domingo creció territorialmente en 230%, al pasar de 136.74 km2 a ocupar una superficie de 315.41 km2, experimentando un crecimiento anual promedio de 10 km2 de suelo rural. Muchas de las barriadas que se han levantado en las entradas del Gran Santo Domingo, como en otras ciudades del país, carecen de los servicios de agua potable a lo interno de las viviendas, tendido eléctrico adecuado, del debido sistema de eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos, así como de las vías de comunicación que le permitan interconectarse con el transporte urbano del resto de la ciudad, quedando de esta manera virtualmente aisladas.
Además, las viviendas son construidas en zonas de alto riesgo sísmico vulnerables a deslaves, deslizamiento de tierras y terremotos, lo que pone en peligro la vida de sus habitantes.
Según el político, la carencia de recursos económicos es la causa fundamental que induce a la población a construir viviendas en zonas vulnerables, en terrenos del Estado o de bajo costo, situación que se va agravando cada día por la falta de políticas públicas que impulsen la organización y el desarrollo urbano de forma adecuada.
Sánchez llamó al Ministerio de Medio Ambiente, al de Obras Publicas, al Instituto Nacional de la Vivienda y a los ayuntamientos del país a enfrentar con urgencia la situación que se presenta poniéndose de acuerdo en la aplicación de un plan de trabajo que detenga el estado de deterioro en el que estamos inmersos.
