El Gobierno dominicano aspira, con respaldo de amplios sectores de la sociedad, a que su aplicación de la Constitución y las leyes en materia migratoria sea entendida y respetada por Estados Unidos y por organismos multilaterales obligados a reconocer todo aquello que corresponda a la competencia interna de autoridades soberanas en el marco de relaciones que han sido armoniosas y productivas en otros aspectos.

Además han faltado pruebas de que el Estado incurre en la violación de algún compromiso internacional de apropiado trato a inmigrantes fuera de regulaciones que deben ser estrictas a partir de la amenaza representada por una crisis humanitaria con impresionantes perfiles de violencia e inviabilidad institucional desde el otro lado de su mismo suelo isleño. Un contexto que expone al país receptor a una agresión masiva y riesgosa a su seguridad si es sobrepasada su capacidad material y orgánica como Estado de alojar extranjeros llegados en avalancha. ¿Qué país en el mundo aceptaría pasivamente que sus estructuras sociales, políticas y económicas reciban un impacto de la magnitud que supondría una apertura total de sus fronteras?

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Por debilidades normativas, República Dominicana ha pasado a depender considerablemente de la mano de obra haitiana en construcción y agricultura y sobre sus finanzas recaen elevados costos por protegerse y por servicios sanitarios extendidos a extranjeros de presencia irregular. Así llena una cuota de sacrificios.