Los abogados del banquero Ramón Báez Figueroa apelaron ayer la providencia calificativa emitida por el juez Eduardo Sánchez Ortiz, por entender que es radicalmente nula, ya que se ignoró el debido proceso, violando la Constitución de la República.

Marino Vinicio Castillo (Vincho), sus hijos Vinicio y Juárez Castillo Semán y Juan Antonio Delgado apelaron la decisión que dispone el envío por ante un tribunal criminal del presidente y vicepresidente del Banco Intercontinental (BANINTER), Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, respectivamente, por no estar conforme con la misma.

En su decisión, el juez favoreció con auto de no ha lugar al economista Luis Alvarez Renta, la ex ejecutiva de la entidad bancaria Vivian Lubrano de Castillo y al abogado Jesús María Ferrua.

Los abogados de Báez Figueroa y Báez Cocco recurrieron además en apelación la decisión del juez de rechazar la fusión del caso BANINTER con la querella interpuesta contra el presidente de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Azor Hazoury, sometido por el abogado Ramón Antonio Veras (Negro), por supuesta retención de RD$100 millones, en capital e intereses, que supuestamente recibió de manos de Báez Figueroa, como pago a la fusión de ambas entidades, por la que éste pagaría el equivalente de US$90 millones.

De igual forma, manifestaron su repudió a la resolución No.01 2004, del magistrado Sánchez Ortiz, en la cual se rechaza que el expediente sea declarado irrecibible, o sea sobreseído, hasta tanto sea ventilado en la jurisdicción administrativa.

Los abogados de Báez Figueroa sostienen que el juez denegó arbitrariamente, en todo estado de la instrucción, el derecho de los imputados a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, ni tampoco concedió a éstos el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, no obstante haber solicitado las medidas para preservar su derecho de defensa.

Manifestaron que el juez se negó con motivos inadmisibles y caprichosos a celebrar las vistas publicas antes de decidir sobre el estatuto de libertad de los imputados, para así favorecer los intereses de una parte de ellos y enviar subrepticiamente a juicio criminal a los apelantes, mediante una «instrucción arbitraria, incompleta, sectaria y excluyente».

Se quejaron además de que el magistrado Sánchez Ortiz emitió la decisión no obstante existir en su contra un proceso de recusación abierto ante la primera sala de la Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional.

Los ex ejecutivos bancarios fueron sometidos a la justicia a mediados de mayo pasado, acusados de un fraude de más de 55 mil millones de pesos.