LA VEGA.– La Procuraduría Fiscal de La Vega informó que apelará la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción mediante la cual quedó en libertad el sacerdote Miguel Florenzán Ulloa, quien es acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

Explicó que a pesar de haber solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de un año de prisión preventiva en contra de Florenzán Ulloa, el juez interino Lorenzo Vargas dispuso sólo presentación periódica una vez al mes y medidas de seguridad a favor de la víctima porque el imputado prometió estar disponible ante la autoridad que lo requiriese.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público de La Vega explicó que a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales inició una investigación en contra de Florenzán Ulloa, fraile de la Orden de San Agustín y quien ejercía labores parroquiales y docentes en un centro educativo privado de esta misma ciudad.

En torno a la investigación del caso, dijo que hasta el momento en el transcurso de la misma han identificado a una víctima y continúan las indagatorias sobre la alta concurrencia de otros menores de edad posiblemente afectados. Destacó en ese orden, que hasta el momento se cuenta con una sólida cintila de evidencias vinculantes al sacerdote como autor de los hechos.

Indicó que el imputado fue arrestado el pasado sábado 9 de diciembre por medio de la orden de arresto No. 3620/2017, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.

El Ministerio Público ha otorgado a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 309, 330, 331, 333 y 355 del Código Penal Dominicano y los artículos 1, 12, 18 y 396 literales A, B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), que sancionan los delitos de seducción para cometer delitos, la agresión sexual, violación sexual, agresión física y psicológica por parte de una persona con relación a la autoridad y deber de vigilancia hacia una persona menor de edad.