En Londres
La propuesta de ley agrícola de Estados Unidos la semana pasada se “lanzó” menos con una fanfarria que con susurros colectivos, mientras agricultores, legisladores, negocios agrícolas y cabilderos, todos, valoraban su significado.

El circuito de comercio internacional ha estado esperando con interés las propuestas de la administración Bush sobre la ley, que decidirá los pagos de subsidios de EEUU para los próximos cinco años, y deseosos de ver las implicaciones para la debatida “ronda Doha” de conversaciones sobre comercio, que han estado detenidas por las disputas sobre el apoyo a la agricultura.

Después de varios días de reflexiones, la conclusión parece ser que el proyecto de ley fue en una dirección constructiva, pero que solo dió algunos pasos. Quizás, lo más probable también es que se haya dirigido solo en parte a lograr uno de los objetivos de Mike Johanns, el secretario de Agricultura: hacer inmune los subsidios agrícolas de EEUU a los nuevos litigios en la Organización Mundial de Comercio.

La administración anunció el proyecto de ley propuesto como uno que desvía los subsidios de los receptores tradicionales del “grupo de productos básicos”, que incluyen arroz, maíz, algodón y trigo, hacia programas de conservación y desarrollo rural. Pero en cuanto a Doha, como un experimentado político de Washington lo expone, “hay menos que atraiga la mirada”.  Las cifras totales principales son compatibles con, pero no van más allá del recorte  en los subsidios anuales disponibles a la agricultura que afectan el comercio de cerca de US$22 millardos, acerca de US$17 millardos (_13 millardos, £8,6 millardos que ya la administración Bush había ofrecido informalmente en la ronda de Doha).

Los programas de subsidios que respaldan los precios, porque estimulan a los agricultores a producir más y por lo tanto a hacer caer los precios mundiales, están clasificados por las reglas de la OMC entre los que “distorsionan el comercio” y están sujetos a límites más estrictos.

A pesar de la retórica de la administración, de que se alejaba del apoyo a las vías de respaldo a los precios para proteger los ingresos de los agricultores, el llamado principio  de “revenue assurance”, la medida propuesta es modesta. El programa de “préstamo de mercadeo”, que subsidia a los agricultores cuando los precios de sus productos caen por debajo del nivel establecido, alteraron algo el cálculo del precio para tomar en cuenta los precios actuales del mercado.

De igual forma, un programa controvertido, llamado “counter-cyclical paymentes”, que compensa a los agricultores cuando los precios son bajos, fue ajustado para incorporar los rendimientos de cultivos nacionales, además de los precios, pero el cambio fue un incremento. EEUU ha tratado de clasificar los pagos contrarios al ciclo, como un recurso que solo distorsiona “algo” el comercio, y por eso les permite continuar dentro de un acuerdo de Doha.

Johanns ha alertado reiteradamente a los agricultores estadounidenses que la alternativa a acordar una reforma es tener litigios individuales por cada subsidio agrícola bajo el mecanismo para la solución de disputas de la OMC. EEUU está tratando que se renueve la llamada “cláusula de paz” (“peace clause”), según la cual los países acuerdan no demandarse entre sí sobre el tema de los subsidios agrícolas, en las negociaciones de Doha, pero ha encontrado la férrea oposición de Brasil, que obtuvo una victoria señera contra el programa de subsidios al algodón en 2005.

En el fallo sobre el algodón, un panel de la OMC declaró ilegal una estipulación que prohibió que los agricultores sembraran “cultivos especiales”, en particular de frutas y vegetales, en tierra que se empleaba anteriormente para el algodón, por lo cual se pagaban subsidios. Esta regla, se mantuvo, afectaba implícitamente la producción y por lo tanto distorsionaba el comercio.  La propuesta de ley agrícola de la semana pasada arregló este problema, al permitir esas siembras, y compensó a los cosechadores por el aumento de la competencia al anunciar la asignación de más dinero para la investigación y el desarrollo. Sin embargo, Gawain Kripke, asesor principal sobre política en Oxfam América, observó que debido a que los agricultores de cultivos especiales no son elegibles para los pagos que se basan en producciones anteriores de productos básicos, no queda claro si el cambio cumple con las reglas de la OMC.

La administración Bush ha estado diciendo durante años que la próxima ley de Agricultura “no se escribirá en la OMC”. En esto, dicen los expertos, ha sido fiel hasta la última palabra. El efecto negativo de ello es que tampoco el proyecto de ley presentado le ha dado un gran impulso a lo que sigue siendo un proceso conflictivo de conversaciones sobre comercio.
VERSION IVAN PEREZ CARRION