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Desde las fundaciones, a principios del siglo XVI, de las primeras escuelas construidas en América a cargo de religiosos mercedarios, franciscanos, dominicos y jesuitas, el año escolar tuvo una duración de nueve a diez meses. Durante varios siglos, aquí, y en todos los demás países de la América Española y el Caribe, las clases se iniciaban en el mes de septiembre, casi al final de la temporada ciclónica, y finalizaban a mediados de los meses de junio o julio del año entrante. Los estudiantes de mi generación, y los de varias que le sucedieron, comenzaban a asistir a clase a mediados del mes de septiembre los del nivel básico, y a principios de octubre los del nivel medio. Pero, lamentablemente hace ya varios años que no es así. En la actualidad, en vez de la apertura del nuevo año escolar ocurrir al final de la temporada ciclónica como era antes, sucede a principio, lo que hace que, en ocasiones, se pierda una buena parte de los recursos económicos que previamente habían sido empleados en acondicionar los centros escolares y adquirir los materiales necesarios para el inicio del próximo año escolar.
Este año, en algunos que otros lugares del país, los daños producidos por los vientos huracanados sumados a los dimes y diretes entre las autoridades del Ministerio de Educación y los dirigentes de la ADP y de otras agrupaciones han impedido el buen desenvolvimiento de las labores docentes de manera tal que en algunas escuelas del país el año escolar 2018-2019 no ha podido iniciarse. Algunos sastres, modistas y hacedores de materiales de uso escolar no han dejado de intervenir en perjuicio de todos nosotros, los que nos preocupa ante el hecho de que nuestro sistema de instrucción pública no esté experimentando un proceso de transformación estimulado por los cambios que se suceden en torno al mismo.
Nos preguntamos: ¿cuáles beneficios obtienen las autoridades de Educación al ordenar la apertura de un nuevo año escolar al inicio de la temporada ciclónica y sin disponer de recursos suficientes para hacerlo, como acaba de ocurrir con el año escolar 2018-2019? La respuesta correcta a dicho interrogante es ninguno.
Queremos disfrutar de los beneficios derivados del quehacer de un gobierno que aplique políticas macroeconómicas de ajuste estructural; que abra nuestra economía; y que profundice múltiples iniciativas de integración económica de alcance subregional y regional.
Al iniciarse las clases, el Ministerio de Educación distribuye de manera gratuita libros de texto y de otros materiales de uso escolar entre niños y adolescentes que cursan estudios en escuelas, politécnicos y liceos públicos.
La intervención de los grandes almacenes y supermercados en el negocio de la venta de libros de texto y el de la venta y confecciones de uniformes escolares ha contribuido significativamente a su abaratamiento. El costo de todos esos materiales es menor que antes. Pero, muy a pesar de ello, el envío de un niño o una niña a una escuela pública o a un colegio privado en la fecha indicada todavía supone un gasto que podría resultar oneroso para no pocos padres de familias.
¿Cómo solucionar el problema de la falta de disponibilidades económicas de muchos padres de familia para matricular y enviar sus hijos a una escuela pública o a un colegio privado en la fecha señalada? A ello nos referiremos en la próxima entrega.