La comunidad hispana en Estados Unidos, de la que forman parte cientos de miles de dominicanos sin permiso para trabajar, se encuentra actualmente en la seria preocupación de que sea aprobada una ley que convertiría en delito grave la condición de extranjero ilegal en Norteamérica y que además endurecería las sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes sin permiso de trabajo.

Aun cuando el gobierno norteamericano utiliza en estos momentos una retórica que parece favorable a los inmigrantes y que resalta que Estados Unidos es una nación creada por flujos migratorios, las reglas que se pretende instituir serían hostiles a densas colectividades procedentes del exterior.

Particularmente adversas para la comunidad dominicana allí asentada, compuesta mayormente por personas que trabajan duro para subsistir, que dejaron su patria por la imposibilidad de obtener aquí ingresos  imprescindibles para el sustento o para sus aspiraciones de progreso.

De ellos provienen en gran medida las remesas que nutren parte de la economía local y alimentan las expectativas de progreso para esta nación que  ha padecido lo indecible  tras el colapso bancario.

Un drástico cambio de estatus que dé paso a tratar como delincuentes a millones de dominicanos e hispanos en general, y que en la mayoría de los casos no merecerían más que ser vistos como exiliados económicos, tendría efectos devastadores para ellos y repercusiones muy negativas para las naciones de donde proceden.

Nueva York es la segunda gran ciudad de dominicanos, no sólo por el número de habitantes de esta procedencia que trabajan allí sino por el volumen de servicios que prestan a los demás  y la liquidez que manejan.

Sin dominicanos, mexicanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, etc., que en estos momentos se encuentran en condición de ilegales, pero en funciones productivas, Estados Unidos sufriría consecuencias  en áreas importantes de su economía.

-II-

Aunque el propósito declarado de la ley contra los inmigrantes no fuera ese, sus mandatos auguran que las autoridades no lograrían una legalización ordenada y a tiempo de la mano de obra extranjera como para evitar  repercusiones negativas en la producción y los servicios.

Y además ocasionarían daños a seres humanos cuyas oportunidades de empleos desaparecerían de manera casi total.

El costo social para Estados Unidos de esta intolerancia hacia los inmigrantes tendría que ser alto, pues un segmento de su población quedaría conformado por auténticos damnificados, sin medios de sustento, hacinados en situación desesperada; motivados a graves contradicciones con la ley para poder sobrevivir y escapar de las persecuciones  orientadas a deportarlos.

La  posibilidad de que aflore una arremetida así contra comunidades de extranjeros se produce en momentos en que más énfasis pone Washington en la integración económica con Centroamérica y la República Dominicana.

Se predica una zona continental  sin fronteras, global para el comercio e incluso con  la  unificación de normas legales. Se exige que, de conformidad con los ideales norteamericanos, los pequeños países de los inmigrantes  respeten la propiedad intelectual y hasta que adopten los procedimientos y usos de la función administrativa del Estado para que toda la región  parezca una misma cosa, traspasada por intercambios de todo género pero bajo una liberalidad integradora que no incluye al hombre y la mujer. La nueva libertad es para que los mangos o los plátanos puedan ir sin restricción a cualquier destino. No para permitir que el ser humano huya del hambre o se traslade  a crecer económicamente, si  así lo prefiere, a los ámbitos del socio poderoso.

Eso, en definitiva niega que la pretendida apertura vaya a ocurrir en un marco de equilibrio y homogeneidad.