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FEDERICO HENRIQUEZ GRATEREAUX
El pasado domingo 23 de enero apareció en el periódico El Caribe una información acerca de la inseguridad en que viven muchos habitantes de los barrios de Santiago. En esta ciudad, como en otras muchas de la República Dominicana, los delincuentes han expandido su área de acción. Cada día son mas los atracos, secuestros, robos, violaciones de jóvenes, asesinatos. La Policía Nacional no tiene equipos ni personal suficientes para enfrentar tantas bandas de criminales bien armados. Algunas veces los forajidos están concertados con la policía. Se ha comprobado que, en ocasiones, son los mismos policías quienes cometen los delitos. Pueden ser tanto encubridores como actores.
La información de El Caribe está firmada por el periodista Miguel Ponce; contiene interesantes datos estadísticos sobre los barrios de la ciudad capital del Cibao: en la zona norte de Santiago hay unos 250,000 habitantes, según el censo del año 2002; pero solo existen dos cuarteles de policía, uno en Jacagua y otro en el Ensanche Libertad; en total disponen de 30 agentes, tres vehículos para patrullar y cinco motocicletas. En los últimos tiempos se enviaron 200 policías más a la zona con carácter de emergencia. Nada de esto tendría gran importancia noticiosa si no hubiese la participación activa de las juntas de vecinos y la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos de la región.
En la zona sur de Santiago los habitantes de veinte barrios se organizaron para formar un comité de vigilancia; incluso redactaron un «código» para juzgar a los delincuentes que sean sorprendidos en flagrancia, esto es, en el momento en que cometen los delitos. Los vecinos de la zona norte también han organizado la vigilancia y constituido «fiscalías barriales». Los del norte están reuniendo dinero para edificar un cuartel, donarlo a la policía y establecer un patronato de seguimiento. Andrés Ramos es el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del Cibao. Este nuevo estilo de acción publica parece estar extendiéndose. Veinte barrios en la zona sur, diez en la zona norte, han creado organizaciones de protección y patrullaje. Se dice que ya hay trescientas organizaciones desparramadas en varias provincias del Cibao, que aspiran a «federarse» bajo un mando central.
El Comisionado de los Derechos Humanos en Santiago, el abogado Luis Ortiz, piensa que «la desesperación y la impotencia» empuja a los «residentes de los barrios a tomar la justicia en sus manos». Es muy explicable la preocupación del comisionado. Los vecinos podrían custodiar las calles y abstenerse de propinar palizas a los delincuentes. Compartimos la buena voluntad del comisionado, pero no siempre es posible custodiar las calles sin defenderse de unos agresores a menudo drogados. Los señores Andrés Ramos y Manuel Philis, activistas comunitarios, explicaron al reportero de El Caribe que el mal principal que les afecta es «el auge de la venta de estupefacientes».
El diario El Caribe publicó el referido día 23 un editorial titulado: Rebelión vecinal. En esta nota el periódico expresa su apoyo a las gestiones de las juntas de vecinos y, a la vez, su preocupación ante la posibilidad de que se llegue a la aplicación de la vieja «ley de Lynch». Comparto la misma preocupación que manifiesta el correctísimo editorial de dicho matutino, pero me duelen mas los derechos humanos de los pacíficos vecinos de los barrios de Santiago, que los derechos humanos de los «inhumanos» delincuentes que les azotan.
Veo en estos movimientos comunitarios el comienzo de una acción general que abarcará cada vez más asuntos. Lo que ha movido en esta ocasión a las juntas de vecinos es la delincuencia, que clava su garra todos los días en sus casas y bienes, que impide el sosiego nocturno y pone en peligro a niños y ancianos. La participación -dinámica y decidida- de los ciudadanos tendrá que ser mayor cada año. «Indefensos y hartos de quejarse han tomado la iniciativa», dice el editorial mencionado. No hay en la RD justicia confiable y rápida, los funcionarios corrompidos no son perseguidos ni tienen sanciones, la policía carece de credibilidad. Los llamados lideres políticos, los dirigentes de los partidos, tampoco gozan del respeto del publico. Las burlas con que se reciben las declaraciones de legisladores y funcionarios indican que no se cree en sus palabras, que se pone en tela de juicio su rectitud y buena fe. La vigilancia no debe limitarse a las calles; debe abarcar a las instituciones políticas, económicas, administrativas. Los partidos políticos hace tiempo que necesitan un veedor institucional y dos o tres aparatos ortopédicos. Las medidas tomadas por las juntas de los barrios de Santiago deben ser aplaudidas a la manera de los monos: con manos y pies.
